Hace 25 años un pequeño caserío enclavado en las montañas de Los Montes de María recibió toda la furia de la guerra entre la guerrilla de las Farc, que dominaba el territorio, y los paramilitares, que se tomaron a sangre y fuego esta zona, masacrando despiadadamente a sus pobladores. Este cruel episodio se denominó como la masacre de El Salado.(Le recomendamos: Esperaron 37 años: en Los Informantes, emotivo reencuentro de hermanos separados por un incendio)Noticias Caracol visitó este poblado y a los sobrevivientes que retornaron, quienes relatan cómo fue la barbarie cometida por los paramilitares con su pueblo durante tres días, convirtiéndolo en un infierno. Este suceso es una marca que llevan en el alma, la cual trasciende con un mensaje de no repetición y entendiendo los sufrimientos que viven, por estos días, los habitantes del Catatumbo.En El Salado, las calles son polvorientas y las personas aguantan temperaturas de 38 grados y reconstruir la memoria de lo que pasó es una de sus razones para vivir. “Fue algo que no lo esperábamos porque como siempre hemos dicho, esta guerra no era nuestra. Pero nos tocó de vivirla”, dijo Neida Narváez, lideresa y sobreviviente de este caserío.En esas calles que hace unos años volvieron a habitar fue donde hace 25 años entraron 450 hombres vestidos de camuflado. Eran paramilitares quienes irrumpieron en el corregimiento de El Salado a causar la peor masacre de la historia contemporánea de Colombia: asesinaron a 60 inocentes.(Además: Masacre en Jamundí: 3 personas fueron asesinadas en discoteca; Policía logró capturar a los sicarios)El primer sobreviviente que vio avanzar las dos hileras de paramilitares por la carretera fue Jacob Arias, un líder campesino tabacalero quien madrugó en su burro llevando un encargo familiar a su mujer y sus 11 hijos. Ese día tenía un mal presentimiento y en su recorrido se encontró con los hombres armados de frente.“Cuando yo llego aquí a kilómetro y medio yo veo un señor que este vestido de soldado, pero como por aquí ya estaban entrando soldados y guerrilla yo dije deben ser ellos (…). Cuando el señor me ve, él trata de esconderse detrás de un retoño de uvito (…) y él sale y me dice “oiga sus papeles”, pero quién es usted, identifíquese? Me mostro el brazalete y me ha dicho que era de las autodefensas y que ya venía el resto. Venían seguiditos póngale de a metro y medio", contó Jacob.Luego, hicieron bajar del burro para requisarlo. Y ahí fue cuando lo sometieron a un juicio en plena carretera. "Me dice el comandante, si usted es guerrillero, se queda aquí. Porque aquí viene mucha gente que lo conoce. Y si no es guerrillero, se va”, dijo Jacob sobre la amenaza de los paramilitares, quienes lo pusieron frente a las filas de hombres que pasaban.Su retención, calculó, duró una hora. Luego el comandante dio la orden de soltarlo. Montó su burro sin mirar atrás y, mientras huía, iba encontrando rastros de sangre en el camino de otras personas que seguramente habían pasado el mismo juicio, pero sin su suerte.“Si me dio miedo. Sentí temor y dije: "Dios mío, ¿esto qué es?” Yo no estaba hablando con un santo, yo estaba hablando con el demonio”, recordó el sobreviviente a la masacre.Una vez en El Carmen de Bolívar se encontró con dos policías conocidos, cuando le preguntaron si había visto algo raro, recordó lo que le habían dicho los ‘paras’ antes de despedirlo: “Usted ni vio ni oyó”. Solo así pudo salvar su vida de lo que sería un río de sangre de inocentes.(Lea: En Expediente Final, la historia desconocida detrás de la muerte del Teacher Berrío)La toma paramilitar de El SaladoFue el 16 de febrero cuando se inició la toma paramilitar. El primer grupo había salido por la vía de El Carmen de Bolívar, comandado por alias Amaury. El segundo grupo partió de Ovejas, en Sucre, bajo el comando de alias El tigre. Mientras que un subgrupo entró por el corregimiento de Canutal y otros por Córdoba, Bolívar. Un último comando salió de Zambrano, también en Bolívar, bajo el comando de alias Cinco siete.Para el 17 de febrero, alias Amaury fue atacado por las Farc. Y, tras los combates, el 18 de febrero los paramilitares expulsaron a las Farc de la zona. El pueblo quedó en las manos de las autodefensas.Así fue como unos pobladores inocentes quedaron en medio de la guerrilla de las Farc y los paramilitares. “Ya la gente cuando los veían a ellos todo el mundo se paralizaba”, contó Neida Narváez, sobreviviente de la masacre.Contó que escuchó un ruido similar a un estruendo cuando los paramilitares llegaron al pueblo. Don Julio Arias lo vivió y todavía lo recuerda con total lucidez. Vio, desde la puerta de su casa, cuando las tropas de los paramilitares empezaron con sus órdenes y atropellaron gente.“¡Salgan, salgan! Partida de guerrilleros, hijos de puta. Así nos trataban a nosotros que no teníamos nada. (…) Y llegó uno a un negro allá enseguida con el rifle, ¡pa! ¡Pa! Mató dos muchachos como de 19 y 20 años. Delante suyo. Delante mío, de la gente que estaba ahí”, contó.De nuevo, en el lugar donde hace 25 años ocurrió la tragedia, recordó a gente llorando, a las más de 60 familiar que allí vivían. A algunas casas llegaban disparando sin decir ni una palabra.Los que pudieron salieron despavoridos en todas las direcciones. En el caso de Neida, para ese momento tenía siete meses de embarazo, por lo que difícilmente se podía mover, pero alcanzó a socorrerse en un monte con otros vecinos."Sobrevivimos por la misericordia de Dios porque no teníamos agua, no llevábamos comida, llevábamos niños pequeños, llevábamos adultos mayores. No dormíamos porque nosotros sentíamos el fuego, los tiros, la música, escuchábamos todo eso”, recordó la mujer, quien veían como la candela se prendía en las que fueron sus casas.Otros, en tanto, se escondieron en partes de las casas donde creían que no serían descubiertos. En el caso de Julio su lugar fue un armario. A quienes descubrían los llevaban a la plaza del pueblito y los asesinaban.“Yo dije: yo para la plaza no voy. Mejor me que me maten corriendo, pero yo no voy a que me mochen la cabeza”, contó sobre su decisión de salir huyendo del pueblo mientras los paramilitares le disparaban.(Además: Cuánta plata recibirán las personas de Colombia Mayor cuando entre en vigor la reforma pensional)Arrastrándose entre zarzales logró llegar hasta el cementerio. Las cicatrices le quedaron en un brazo y al menor descuido se internó en el monte, quienes se escondieron allí sobrevivieron. Fueron cuatro días escondidos sin comida y sin agua. Una niña, de tan solo siete años a quien todos recuerdan como mártir, murió de sed.La peor de todas las imágenes estaba por quedársele pegada a la retina y en todos los sentidos a Neida. “Nunca se me ha borrado de mi mente cuando yo llego y veo la gente tirada en los andenes. El olor ya no se soportaba: era algo fétido de los cuerpos que estaban aquí tirados. Muchos cuerpos ya estaban explotados”.Señaló las escalas de la iglesia, donde los paramilitares apartaron a las mujeres. Y en la cancha ubicaron a quienes iban a torturar.“Esta es la plaza. Los trajeron aquí como para que eso quedara marcado de por vida. Para que no se les olvide nunca que estuvimos aquí”, lamentó.En El Salado siguen en pie los ranchos que sirvieron de cocina para alimentar a los ‘paras’. A la mujer de Julio le tocó cocinarles a los hombres armados. A otras mujeres las violaron y luego fueron vilmente asesinadas.Al cuarto día todo fue silencio. Era domingo cuando en el pueblo se escuchó una voz que los obligó a salir del monte. Era el Ejército, que gritó que no respondería por quienes todavía estuvieran en el monte.“Todo el mundo salió. Salimos a buscar la familia llorando, con miedo, llorando”, dijo Julio.Los saladeros lloraron hasta que se secaron las lágrimas frente a la hilera de muertos donde tenían que reconocer a los suyos. La misma comunidad la que abrió las fosas comunes para enterrar a sus muertos.Jacob, Julio y Neida son parte de esa generación de ancestros quienes hoy hacen memoria de la tierra que aman, a donde volvieron, a pesar de todo el dolor que cargan.NOTICIAS CARACOL
En un hecho sin precedentes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) de Colombia encontraron los primeros restos humanos en La Escombrera, de Medellín. Este lugar, conocido como la fosa común urbana más grande del país, ha sido el centro de una intensa búsqueda de desaparecidos durante el conflicto armado que azotó la Comuna 13 entre 2001 y 2004.Respuestas a décadas de búsqueda“Durante décadas, madres, padres, esposas e hijos han insistido en la necesidad de intervenir en un lugar tan complejo (…) Este hecho se convierte en un logro sin precedentes, una respuesta institucional a sus demandas y una protección tangible de los derechos de las víctimas en Colombia”, señaló la JEP.Este hallazgo es un paso significativo hacia la justicia y la verdad para las familias que han buscado incansablemente a sus seres queridos.(Lea también: Encuentran los primeros restos humanos en La Escombrera de Medellín tras años de búsqueda)Coincidencia con denuncias previasLos hallazgos coinciden con las denuncias hechas por organizaciones de víctimas de la Comuna 13 y defensores de derechos humanos en Medellín, quienes han sostenido que La Escombrera fue escenario de desapariciones forzadas en la década de 2000.Mientras el equipo técnico removía la tierra con maquinaria para garantizar la estabilidad del terreno, se encontraron los restos humanos, lo que llevó a la suspensión inmediata de las labores y al análisis forense de lo encontrado.Un camino hacia la verdadEl histórico hallazgo en La Escombrera abre el camino para dar respuesta a 502 familias que por décadas han buscado a sus seres queridos desaparecidos en ese lugar. Este descubrimiento no solo es un avance en la búsqueda de la verdad, sino también un reconocimiento a la persistencia y el dolor de las familias afectadas.Testimonio de horrorEn 2015, Los Informantes entrevistó al exparamilitar Juan Carlos Villa, alias Móvil 8, exmiembro del Bloque Cacique Nutibara de las AUC, quien detalló cómo se planearon y ejecutaron los asesinatos en La Escombrera.“Ahí mismo de una se mataba y se enterraba, si había que dejarle para que la fuerza pública recuperaba cuerpos se dejaban y si no se podía dejar se les da sepultura ahí mismo”, afirmó Móvil 8.(Lea también: El lente de Jesús Abad Colorado captura la tragedia de Colombia: “Fotografías contra el olvido”)La Escombrera, montaña de ruinas y secretosLa Escombrera, en la Comuna 13, es una montaña de ruinas que ha ocultado la verdad de las guerras que han bañado de plomo y sangre las lomas de Medellín. Allí se realizaban juicios, se asesinaba, se desmembraba y luego se enterraba.“Ahí encuentran víctimas, tienen que saberlas buscar… yo les he señalado milimétricamente el punto”, aseguró Móvil 8.Operación Orión y sus consecuenciasLa historia de La Escombrera comenzó después de la Operación Orión, cuando el Ejército y la Policía entraron a la Comuna 13 entre el 16 y el 19 de octubre de 2002 para quitarle el control a la guerrilla. La operación resultó en la muerte de 11 guerrilleros y la captura de 450 personas acusadas de ser auxiliadores de las FARC y el ELN. A esta guerra urbana se le conoció como la pacificación de la Comuna 13, pero fue el inicio de una nueva ola de violencia.El control paramilitar"Nosotros tenemos que tomar el control de eso, la fuerza pública no era ciega de que nosotros íbamos a tomar el punto después de ellos”, agregó Móvil 8.Según su testimonio, las personas eran capturadas y llevadas a las lomas durante la noche, donde eran torturadas para obtener información.“¿Ustedes hacían tortura? Lo normal”, señaló el exparamilitar con frialdad a Los Informantes.(Lea también: Así recuperan restos de pozo en Barrancabermeja donde desaparecían a víctimas de conflicto)Un lugar de desaparicionesDurante casi tres años, incluso después de la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara, las desapariciones en La Escombrera fueron constantes. Durante el día, volquetas arrojaban escombros, y en la noche, esas mismas rocas se convertían en las lápidas de los cadáveres que dejaba la guerra.Esperanza para las familiasDesde el inicio de las desapariciones, los familiares de las víctimas sabían dónde habían ido a parar sus seres queridos. Aunque era un rumor que se convirtió en verdad, no podían acercarse por miedo a correr la misma suerte.El reciente hallazgo en La Escombrera es crucial para las familias de las víctimas que han estado esperando respuestas durante muchos años. Este descubrimiento representa una esperanza y un paso hacia la justicia.
A través de redes sociales, el presidente de la República, Gustavo Petro, y el exjefe de Estado Álvaro Uribe han manifestado sus puntos de vista respecto a reactivar la mesa de paz con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).>>> Le puede interesar: Uribe a Petro sobre reactivar negociación con paras: "La paz no es un teatro de compadres”Luego de que el exmandatario escribiera que “la paz no es un teatro de compadres” y que “Colombia ha tenido procesos de claudicación ante el terrorismo como el firmado con FARC. Para nada sirvió”, el mandatario Petro le contestó: “Donde se encuentran víctimas y victimarios para la reparación y el perdón no es teatro de compadres, expresidente Uribe”.Y, luego, el presidente Petro recalcó: “Teatro de compadres es cuando se encuentran solo los victimarios y a escondidas”.La invitación de Petro a Mancuso para volver a diálogos de pazDurante la entrega de tierras a víctimas de la violencia en Montería, el 3 de octubre, Gustavo Petro le extendió una invitación a Salvatore Mancuso para regresar a un diálogo “sin traición y sin miedo a la verdad” como sucedió, de acuerdo con él, durante el gobierno de Álvaro Uribe.En medio de su intervención, Petro dijo: "Podemos reactivar la mesa de paz porque el proceso no ha terminado. Le propongo instalar la mesa, para finiquitar el proceso de paz que inició Álvaro Uribe Vélez, esta vez sin traición, esta vez sin miedo a la verdad”, pues, según él, a los miembros de las AUC, “esos mismos que los aplaudieron, los pusieron en un avión encadenados, esposados, y se los llevaron a una justicia extranjera. Los traicionaron y la paz no se hace con traiciones. La paz se hace con la palabra puesta sobre la mesa".De igual modo, el presidente informó que expedirá las cartas para que los antiguos compañeros de Mancuso (como Rodrigo Tovar, alias 'Jorge 40´, y Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco') sean designados gestores de paz.Además, Petro también cuestionó el papel del exfiscal Francisco Barbosa por el manejo de las tierras de los miembros de la AUC: “Usaron el proceso con los paramilitares para que la tierra pasara de dueño, no en manos de las víctimas, sino de unos cuantos politiqueros y politiqueras. El señor fiscal (Francisco) Barbosa se negó a dar la lista de los bienes de extinción de dominio de narcotraficantes, porque han pasado a manos de políticos, de familiares de los políticos y de familiares de los dueños del Estado".Por su parte, el exfiscal general de la Nación Francisco Barbosa le respondió: “Las infamias del presidente Petro no tienen límites. Ayer, en Montería, en un acto que afectó la memoria de las víctimas del paramilitarismo, se pretendió lavarle la hoja de vida criminal a Salvatore Mancuso, a costa de ensuciar mi dignidad, de ensuciar mi reputación como fiscal general de la nación, como persona, como servidor público y poner en riesgo mi vida”.Y añadió que "la Fiscalía General de la Nación hizo mucho en la lucha contra el paramilitarismo en mi administración. En mi administración se les entregaron 1,8 billones de pesos a las víctimas del paramilitarismo, de la dirección de Justicia Transicional a la Unidad de Víctimas, unidad que no depende de la Fiscalía, unidad que hace parte del Ejecutivo que usted dirige”.Acá la entrevista de Noticias Caracol en vivo con el exfiscal Francisco Barbosa, tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro:>>> Le recomendamos leer: Francisco Barbosa tras críticas del presidente: “Las infamias de Petro no tienen límites"
A 36 años de cárcel fue condenado Rudesindo Urbina Martínez, alias Pedro Coral, por el asesinato de un hombre en el municipio de Garzón, Huila, en hechos perpetrados en el año 2003.>>> Durante su servicio militar, joven habría sido abusada en Ejército de VillavicencioAlias Pedro Coral, según informó la Fiscalía General de la Nación, hacía parte del Bloque Calima de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para el momento en que cometió el crimen.¿Cómo perpetró el asesinato?Alias Pedro Coral llegó a la vereda Las Mercedes del municipio de Garzón, junto a dos cómplices, y tras ubicar a su víctima en una habitación donde se encontraba durmiendo, este la ultimó a tiros.“Le dispararon en repetidas oportunidades, ocasionándole la muerte”, señaló el ente acusador.Un juez penal del circuito especializado de Neiva absolvió a alias Pedro Coral el 30 de septiembre de 2022, pero en un fallo de segunda instancia se revocó la decisión y se impuso una medida de 36 años de cárcel.El sujeto pagará la sentencia por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio en persona protegida.>>> Consejo de Estado admitió demanda por medidas de protección a disidentes de las FARC
El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso salió de la cárcel este miércoles 10 de julio amparado por la justicia, que le otorgó la libertad condicional tras ser deportado en febrero de 2024 desde una prisión de Estados Unidos.Mancuso salió de la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, en una caravana de camionetas blindadas.Horas antes, la autoridad carcelaria informó que, luego de consultar a varios tribunales, no encontró motivos para detenerlo."El señor Salvatore Mancuso quedará en libertad", informó el coronel Rolando Ramírez, director encargado del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en un video enviado a medios.Su defensa denunció días antes un plan para asesinarlo, con complicidad de guardianes del organismo penitenciario. "Por seguridad no es conveniente atender a los periodistas en La Picota", indicó su defensa a los medios en un mensaje de WhatsApp.¿Qué crímenes cometió Salvatore Mancuso?Mancuso, de 59 años, había sido deportado desde Estados Unidos a Bogotá en febrero de 2024.Desde entonces, su caso se transformó en un enredo judicial, pues tenía cuentas pendientes con la justicia ordinaria y con un tribunal especial al que se acogió cuando se desmovilizó en 2006, como parte de un proceso de paz con el entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010).Sus abogados aseguraban que los 16 años que pasó tras las rejas en Estados Unidos por narcotráfico bastaban para cumplir el tiempo máximo de prisión estipulado en el acuerdo, que era de ocho.Durante el conflicto interno sus hombres asesinaron a cientos de guerrilleros o civiles sospechosos de simpatizar con la insurgencia y la izquierda.Aunque fue dejado en libertad condicional por un periodo de cuatro años, Salvatore Mancuso tiene prohibido, durante ese mismo lapso, ir a estas regiones, según publicó el medio El Espectador:CesarSucreBolívarLa GuajiraAtlánticoCórdobaMagdalenaNorte de SantanderMunicipios de Apartadó, Arboletes, Ituango, Necoclí y San Pedro de Urabá, en AntioquiaSegún citó el mismo medio, la razón tiene que ver con “las garantías de no revictimización de aquellas personas que padecieron a las autodefensas que comandó, pues en todos esos departamentos sus grupos tuvieron injerencia criminal”.No obstante, Salvatore Mancuso podría ir a alguna de estas poblaciones si “envía un comunicado oficial a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá que avaló su libertad”, señala el diario.Si debe viajar a esos sitios por su labor como gestor de paz, debe ser la Oficina del Alto Comisionado para la Paz la que se contacte con el alto tribunal.
Raquel Sena es una de las miles de víctimas de Chiquita Brands. La mujer celebra el fallo condenatorio que confirma a la bananera como responsable del financiamiento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la década de los 90. Sin embargo, no hace parte del primer grupo de ocho personas que será reparado por dicha compañía.>>> Más sobre el caso: Humberto Agredo: El señor de la guerra que armó a las AUC y propició masacresSena perdió a su esposo, Fidel Hernández, en medio del conflicto y asegura que toda la comunidad sabía del accionar ilícito de la multinacional.La víctima se declara cansada ante tantas luchas, pero no pierde la esperanza de ser reparada, en algún momento, y poder dignificar su vida y la de su familia.“Dios quiera que a todos nos den algo, aunque la muerte de él nunca la voy a superar porque todo se perdió, la finca se perdió y todos los cultivos”, afirmó Raquel Sena.Lo mismo anhelan otras víctimas. “Los que estaban operando eran los paramilitares y por eso mataron a mi papá”, indicó Yamila Martínez, víctima del conflicto.Defensores de derechos humanos creen que en Colombia el caso debería ser igual de riguroso que en Estados Unidos, mientras que otros piensan que la reparación no hace justicia.“Los jueces norteamericanos ya dijeron la responsabilidad de Chiquita Brands, pero falta que la justicia colombiana condene a los empresarios y compañías que en Colombia también daban 3 centavos de dólar por caja exportada para los grupos paramilitares”, dijo Gerardo Vera, abogado de la Fundación Forjando Futuro.Por su parte, el sacerdote jesuita Javier Giraldo indicó que “se habla de indemnización a nueve personas. Eso es prácticamente nada en comparación de todas las familias y las personas que sufrieron la represión”.Según la comunidad de paz de San José se Apartadó, Chiquita Brands alcanzó a traer a Urabá barcos que venían por Nicaragua, cargados con unos 5.000 fusiles y millones de municiones para surtir a las AUC.Chiquita Brands apelará la decisiónDesde la determinación, la empresa tiene 30 días para notificar la apelación a la determinación del jurado que la encontró responsable de financiar al exgrupo paramilitar AUC y que le ordenó el pago de 38.300.000 de indemnización para los 17 familiares de ocho víctimas nombradas en la demanda.El abogado Rafael Peñalver explicó que Chiquita Brands “tiene 30 días para pedir que se celebre una vista para reconsiderar la sentencia al mismo nivel de la corte que emitió la sentencia”.Según especialistas, lo más probable es que la corte le imponga a la multinacional una fianza.Peñalver indicó que sería “una fianza para garantizar que la operación es de buena fe y que simplemente no se está apelando para no pagar”.Sin embargo, los analistas coinciden en que los más complicado es cobrar la sentencia, es decir, obtener el pago de la indemnización.“Muchas veces los casos se resuelven antes de la apelación, obviamente por menos dinero, porque las personas entienden que si hay una apelación puede tomar varios años”, dijo el abogado Rick Yabor.Chiquita Brands, por su parte, aseguró a través de un comunicado que “el resultado del juicio no disminuye nuestra confianza en la solidez de nuestra posición ni en las pruebas presentadas por la defensa”.Lo cierto es que, tras el veredicto, en el proceso judicial del caso ahora inicia una nueva fase.>>> Vea más: “La mayor esperanza es que las víctimas de Chiquita Brands sean compensadas”: defensa
Mientras en Estados Unidos la multinacional Chiquita Brands acaba de ser condenada, una jueza colombiana se alista para dictar sentencia contra el mayor traficante de armas en la historia de Colombia: se trata de Humberto Agredo, un empresario señalado de conseguir 12 mil fusiles para las autodefensas y que ha logrado esquivar a la justicia por 24 años.>>> Le puede interesar: Cronología del caso Chiquita Brands, la multinacional que financió a las AUCEsta es la historia del hombre detrás de la barbarie paramilitar y cuyo caso está estrechamente ligado a la multinacional Chiquita Brands.Agredo, desde Bulgaria, trajo a Colombia 12 mil fusiles en menos de un año y con los que los paramilitares cometieron asesinatos y masacres. A pesar de su papel protagónico en la guerra jamás ha pagado un día de cárcel. 24 años después de ingresar el arsenal a Colombia, la justicia está a punto de condenarlo.Raúl Hasbún, uno de los más importantes jefes del paramilitarismo, definió de esta manera el rol de Agredo hace pocos meses durante la audiencia de juicio en contra del hombre al que apodan El señor de la guerra.¿Qué dicen los exparas?“Le voy a poner un ejemplo: yo antes de eso siempre operé, más o menos, con 70, 80 fusiles. De ahí pasé a 270 y así fue todo el mundo. La potencialización de las autodefensas fue total”, dijo Hasbún.Para 1999, cuando las extintas FARC estaban en proceso de paz y dominaban gran parte del país, los fusiles de Agredo fueron determinantes para la expansión del terror paramilitar. Salvatore Mancuso lo describió en estos términos.“Significó el fortalecimiento militar de las autodefensas, el crecimiento y expansión de las AUC hasta lugares donde no habíamos podido llegar porque era difícil conseguir este tipo de armamento en el mercado negro”, sostuvo Mancuso.Agredo se convirtió en un hombre clave para las AUC, al punto de llegar a ser uno de los consejeros de Carlos Castaño, relata Mancuso.“Humberto es bien hablado, se expresa bien, hacía análisis políticos correctos, interpretaba la situación del país y era capaz de expresarlo con los interlocutores que tuviere. Él daba pautas, parámetros que tenían que ver con el tema político y el crecimiento de las AUC, específicamente en operación militar. No solo por su cercanía con Carlos Castaño. De hecho, en reuniones con el estado mayor, cuando se tocaban temas de expansión de las AUC, Humberto participó”, complementó Mancuso.Alias Diego Vecino, del Bloque Norte de las AUC, manifestó que lo conoció como El doctor: “Fue a finales de los 90, principios de los 2000. Siempre lo referenciaba como asesor de Carlos Castaño en temas de seguridad e internacionales”.Humberto Agredo es un ingeniero caleño que tenía una empresa de importación de maquinaria pesada que le sirvió de fachada para mantenerse en el tráfico de armas. Esto lo hizo gracias a su hijo Hans Agredo.Humberto Agredo estaba casado con la hija de un directivo de la empresa Arsenal, una de las mayores productoras de armas en Bulgaria. De hecho, Hans Agredo también está siendo procesado junto a su padre y al igual que él está prófugo de la justicia.La ruta de los fusilesHace varios años, Hans cambió su nombre por el de John Jairo Martínez Álvarez. Durante el juicio, la Fiscalía le atribuyó la ruta de las armas que hoy tienen en líos a padre e hijo.“El primero de los eventos fue en 1999, cuando, a través de Buenaventura, ingresan armas búlgaras que estaban destinadas a una exposición militar en Bogotá, en Corferias. Humberto y Hans crearon en Bulgaria la empresa Intermachines, a través de la cual importaron dos tornos y 640 fusiles desarmados que venían en dos contenedores. Humberto es quien firma el contrato con la empresa Arsenal. Él se encarga de alterar la autorización del Ejército Nacional para la importación de los repuestos y los equipos expuestos en esa feria”, recalcó el fiscal Álvaro León Polo.El 16 de julio de 1999, Agredo cargó el arsenal en camiones y un día después llegó a los campamentos de Castaño en Córdoba. Unas fotos registraron el momento en el que los paramilitares ensamblaron las armas.Raúl Hasbún contó ante la jueza cómo ingresó un segundo cargamento con miles de fusiles por Urabá. Las armas iban en bultos de urea.“El único que tenía infraestructura para bajar era el de Chiquita y el de Banadex. Yo ahora no me acuerdo cómo se llama eso. Sí, la empresa de Banadex coordinó toda la logística de desembarco de urea. Ellos no sabían hasta ese momento que le voy contando. Allí venía un armamento. Un bulto de esos, cuando un negrito se lo echó al hombro, se empezaron a romper las trompetillas de los fusiles. Esa misma noche militarizamos el embarcadero y fuimos y sacamos sin esperar a la DIAN la urea, no toda. Nos robamos del embarcadero de Banadex los costales que venían con los fusiles adentro”, recalcó Hasbún.Según el testimonio de Hasbún, la operación del descargue de las armas quedó grabada en las cámaras de seguridad de la multinacional, mismos que no han aparecido en más de 20 años y fueron el comienzo de la inmunidad para Agredo.“Me llama el jefe de seguridad de Banadex. Me entregó un casete de las cámaras. Nosotros no nos dimos cuenta y en el desembarcadero había cámaras de seguridad. Humberto estaba al lado mío, doctora. Siempre Don Humberto, desde que llegó, estuvimos juntos. Él también salía en las filmaciones que le comento”, agregó.Los fusiles de Agredo fueron repartidos en los diferentes bloques paramilitares, dijo alias Diego Vecino: “Allá los fusiles eran pan caliente, no me vayan a dejar por fuera, traten de venderme una buena fusilería que me sirve para crecer allá en los Montes de María. Los bloques grandes acapararon el número grande. Tengo entendido que se vendió al Bloque Norte, Bloque Córdoba, Calima”.Según la Fiscalía, la gran mayoría de las armas que entregaron los paramilitares tras desmovilizarse fueron los fusiles de Agredo y su hijo.“Los grupos paramilitares durante su desmovilización entre 2003 y 2006, entregaron 18.501 armas, se desmovilizaron 31.671 personas entre hombres y mujeres. Las armas entregadas muchas eran de las 11.940 armas importadas desde Bulgaria por Agredo y Hans, padre e hijo”, complementó el fiscal León Polo.El pago a Humberto Agredo por los fusiles fue con dinero y droga, según Mancuso: “La propuesta inicial de Humberto era recibir una parte en dinero y otra en clorhidrato de cocaína a cambio de la fusilería. Pero ya él terminó pactando con Castaño y no sé cómo terminaron de hacerse los pagos. Yo sé que aporté para esa compra 700 mil dólares”.¿Por qué durante 24 años la justicia no hizo nada contra Agredo?Parte de la respuesta está en una serie de extrañas decisiones judiciales que lo favorecieron. La primera ocurrió en 2006 cuando Agredo recibió el archivo de una de sus investigaciones por tráfico de armas.“Dicha investigación terminó el 4 septiembre 2006 con una desafortunada decisión de preclusión, argumentando que no había prueba directa para relacionarlos con las importaciones”, complementó el fiscal.Diez años después, cuando los jefes paramilitares habían delatado a Agredo en sus declaraciones después de desmovilizarse, una nueva investigación también terminó por favorecerlo.Para la Fiscalía, hoy es inexplicable lo ocurrido con Agredo, mucho más considerando que el excapitán del Ejército Jorge Rojas, quien fuera su socio, aceptó cargos y fue condenado como el único responsable de la traída de los miles de fusiles búlgaros.“Llega la orden de Castaño que yo debo asumir la responsabilidad de los fusiles, porque de alguna manera había que proteger al señor Humberto Agredo porque él era el representante de la organización ante el Gobierno de Pastrana", dijo el excapitán Jorge Rojas el 8 de abril de 2016.En un nuevo intento de buscar justicia, la Fiscalía terminó llevando a Agredo y su hijo a juicio como auspiciadores de toda la barbarie de los paramilitares.Agredo y su hijo siguen prófugos de la justicia colombiana. A pesar de esto, la juez que lleva el caso se alista para dictar sentencia en las próximas semanas.>>> Vea, además: ¿Quiénes son las víctimas que Chiquita Brands deberá indemnizar por pagos a las AUC?
Familiares de nueve víctimas de Chiquita Brands recibirían una indemnización millonaria luego de que un jurado en la Corte Federal de West Palm Beach determinara que la multinacional no solo era responsable de financiar a las AUC en Colombia, sino que además debía compensar económicamente a los afectados nombrados en la demanda.El juicio duró seis semanas y al segundo día de deliberaciones, el jurado dio su veredicto, celebrado por las víctimas.Jonathan C. Reiter, su abogado, dijo que “la oportunidad que se brindó en este caso a nuestros clientes de contar sus historias en un tribunal de Estados Unidos frente a jurados y de contar sus historias sin temor a represalias, sin temor a la corrupción, sin ningún temor en absoluto, valió la pena”.La indemnización es de 38.300.0000 dólares, esto es más de 150 mil 700 millones de pesos colombianos.“Claramente, este es un paso que espera que en última instancia resulte en la resolución completa del caso para todas las víctimas. Es muy difícil saber si eso sucederá o cuándo sucederá, pero por supuesto, esa es la mayor esperanza y deseo para todos nosotros que todas las víctimas sean compensadas”, dijo la defensa.Chiquita Brands, por su parte, indicó que “consideraremos todas nuestras opciones, pero esperaríamos apelar este veredicto”.Así mismo, a lo largo del juicio, los ejecutivos de la multinacional insistieron en que los pagos fueron efectuados bajo amenazas y para proteger a sus trabajadores.A través de un comunicado, la compañía también señaló que la situación en Colombia fue trágica para muchas personas, pero que eso no cambiaba el hecho de que, según ellos, no existe base legal para las afirmaciones que dieron como resultado el veredicto.La demanda colectiva contra Chiquita Brands fue interpuesta tras un caso penal de 2007 en el que la empresa se declaró culpable de financiar al grupo paramilitar. En ese entonces, la multinacional admitió pagos a las AUC que ascendieron a 1,7 millones de dólares entre 1997 y 2004, inicialmente con cheques de donación a las asociaciones Convivir y después en efectivo, en la época en que el Gobierno de EE. UU. declaró a las Autodefensas Unidas de Colombia como organización terrorista.
Ante un tribunal de los Estados Unidos, la multinacional Chiquita Brands admitió haber entregado al menos 1,7 millones de dólares a las AUC. Se trató de pagos que se efectuaron entre 1997 y 2004, año en el que la compañía se fue de Colombia.>>> En contexto: ¿Quiénes son las víctimas que Chiquita Brands deberá indemnizar por pagos a las AUC?Fue solo hasta 2007 y después de una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos cuando la multinacional se declaró culpable. Cabe recordar que las AUC habían sido catalogadas como un grupo terrorista por Estados Unidos en 2001.“Lo que hace esta conducta moralmente tan repugnante es que la empresa continúo mes tras mes, año tras año, pagando a los mismos terroristas. Lo hizo sabiendo perfectamente que, aunque sus fincas estuvieran protegidas y sus trabajadores estuvieran protegidos mientras estaban literalmente en ellas, Chiquita estaba pagando dinero para comprar las balas que asesinaron a colombianos inocentes fuera de sus fincas”, manifestó el Gobierno durante la audiencia de sentencia.En aquel momento, la condena incluyó una multa de 25 millones de dólares; no obstante, ese monto no fue destinado a reparar a las víctimas de la violencia de las autodefensas.Posteriormente, trascendió que entre septiembre de 2001 y enero de 2024 las operaciones de Chiquita Brands en Colombia generaron unos 50 millones de dólares en ganancias. Para el 2003 Banadex sería la operación más rentable de esa multinacional y prosperando en una de las regiones más conflictivas del país.Después de 2007 algunas víctimas interpusieron demandas contra Chiquita Brands en Estados Unidos y alegaron pagos que esa multinacional hizo a los paramilitares, mismos que asesinaron a sus familiares. Ellos reclamaron que se responsabilizara a la empresa de los daños causados.Las primeras demandas contra esa compañía se presentaron en 2007 y a partir de 2011 la multinacional intentó que se desestimara su caso, alegando que debía juzgarse en Colombia y no en Estados Unidos, un argumento que se negó en 2016.En 2019 el Tribunal Federal de West Palm Beach, Florida, consideró que no existían evidencias suficientes para determinar que las AUC asesinaron. Esto ocurrió tras excluir de manera errónea documentos del proceso de Justicia y Paz en Colombia.En 2022 el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos revocó el fallo y determinó que había pruebas suficientes sobre la participación de paramilitares en asesinatos de los familiares de los demandantes, una situación que despejó el camino de las víctimas para llegar a juicio.Fue este lunes, 10 de junio de 2024, que un jurado de una corte federal de Estados Unidos encontró a la multinacional bananera Chiquita Brands responsable de financiar a las Autodefensas Unidas de Colombia. Por lo anterior se ordenó una compensación a las víctimas que supera los 38 millones de dólares.>>> Vea, además: Chiquita Brands sí financió a las AUC: corte de EE. UU. ordena indemnizar a víctimas
Un jurado federal de Florida, EE. UU., determinó que la multinacional del banano Chiquita Brands International sí financió a las AUC en Colombia, que dejaron miles de muertos en ese país, y tendrá que pagar 38,3 millones de dólares a demandantes y familiares de las víctimas.El dictamen del juicio civil en una corte de West Palm Beach, tras una década de litigios, señala que Chiquita Brands no demostró que "la asistencia que brindó" al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para proteger a sus empleados de la violencia fue resultado de una "amenaza ilegal, inmediata e inminente" por parte de este grupo terrorista.Tampoco logró la empresa demostrar que "no tenía otra alternativa razonable" que la de "proporcionar asistencia a las AUC", según consta en el veredicto al que tuvo acceso EFE.El fallo señala además que la ayuda de Chiquita Brands a las AUC constituyó "una actividad peligrosa" que aumentó el riesgo para los miembros de la comunidad más allá de aquellos peligros a los que estuvieron normalmente expuestos.Por todo ello, la multinacional fue condenada a pagar 38, 3 millones de dólares a los demandantes, que son sobrevivientes y familiares de víctimas de la violencia paramilitar en la década de 1990 y comienzos del presente siglo especialmente en la región bananera de Urabá (Colombia).¿Por qué se eligieron solo nueve víctimas?En 2017, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Undécimo Circuito seleccionó a un grupo de 9 víctimas entre más de 4.900, que son familiares de sindicalistas, trabajadores bananeros, líderes sociales regionales, defensores de los derechos humanos y habitantes del Urabá antioqueño, que afirman que sus seres queridos fueron asesinados por las AUC.Chiquita Brands International, que cerró sus operaciones colombianas en 2004, admitió en 2007 en una corte de Nueva York que había pagado a paramilitares colombianos 1,7 millones de dólares, según la empresa, "bajo presión".Los abogados de la multinacional habían señalado que su cliente no tuvo más opción que pagarle cerca de 2 millones de dólares a las AUC para proteger a sus empleados de la violencia.Los familiares de las víctimas sostenían, por el contrario, que la empresa de frutas y verduras se asoció voluntariamente con las AUC para proteger su negocio, no a los trabajadores.Miles de familiares de víctimas presentaron demandas contra Chiquita Brands.Después de una investigación del Departamento de Justicia de EE. UU., Chiquita se declaró en 2007 culpable de financiar a paramilitares en Colombia, pero no había indemnizado a las familias, cuyos seres queridos fueron asesinados por los grupos que financió.En ese entonces, la empresa llegó a un arreglo judicial que le supuso una multa de 25 millones de dólares.Víctimas celebran fallo“Es un triunfo de un proceso que viene desde hace casi 18 años, para todos nosotros que hemos sufrido tanto durante estos años. En este proceso hay un debate de justicia y reparación; estamos luchando desde 2007. No estamos en este proceso porque queramos; fue Chiquita, con sus acciones, la que nos ha metido en él. Tenemos una responsabilidad con nuestras familias y debemos luchar por ellas", señaló una de las personas que debe ser indemnizada por la compañía.