Los firmantes de paz del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Miravalle, en Caquetá, serán trasladados debido a las continuas amenazas y ataques por parte de disidencias de las FARC. Esta situación ha generado un profundo temor entre los residentes del antiguo ETCR.
¿Qué dicen los expertos?
El senador Humberto de la Calle, exnegociador de paz, declaró: "Más de 400 firmantes han sido atacados, lo ocurrido en Miravalle indica que estamos enfrentando una grave situación de descontrol territorial. Es imperativo que el Estado, tras negociar con estas disidencias, exija al menos que se respete la vida de quienes han firmado un acuerdo con el Estado colombiano".
En respuesta a esta crítica situación, delegados del Gobierno como el Ministerio del Interior, la Agencia de Reincorporación, la Oficina del Alto Comisionado de Paz y la Unidad de Implementación del Acuerdo, se desplazaron a Miravalle. Tras escuchar a los firmantes, trazaron una ruta de atención para las aproximadamente 100 personas y 40 familias que habitan en el ETCR.
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Franklin Castañeda, Director de Derechos Humanos del MinInterior", subrayó: "Hemos corroborado el enorme temor de la comunidad y hemos instado al Estado Mayor Central a que desista de estas amenazas, contrarias a cualquier esfuerzo por mantener la paz. El Ministerio de Defensa ha reforzado sus unidades en la región, aunque lamentablemente los reincorporados expresan su deseo de desplazarse por temor".
Además, añadió que "el gobierno no puede ser indolente; proteger la vida es nuestra prioridad. Por ello, hemos acordado organizar el traslado de manera segura del ETCR a otro sitio dentro del territorio y posteriormente a una ubicación definitiva".
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Entre las demandas de los firmantes también está ser escuchados en la mesa de diálogos con el Estado Mayor Central. La Oficina del Alto Comisionado de Paz se ha comprometido a abrir un espacio para estos diálogos, asegurando que las preocupaciones de seguridad sean debidamente abordadas.
En los próximos días, se realizará una reunión entre comunidades, el Gobierno y la Agencia Nacional de Tierras para concretar la reubicación de los firmantes y sus familias. Mientras tanto, contarán con protección colectiva de la Unidad Nacional de Protección, asegurando así su seguridad durante este proceso crucial para la paz en la región.
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