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Según un reporte de Asobancaria, en Colombia se registran cada año más de 40.000 personas que han sido víctimas de fraude digital
o de créditos fraudulentos, a quienes los delincuentes les han suplantado la identidad. Sin embargo, muchas de las personas solo se enteran de esta deuda no adquirida cuando quieren solicitar un préstamo o cuando les llega un reporte negativo en las centrales de riesgo.
A raíz de esta problemática surgió la ley de fraude digital ‘Si es estafa, no paga’, que busca proteger a la ciudadanía de los estafadores en línea. Con 60 votos a favor, este proyecto de ley quedó aprobado en su cuarto y último debate en el Congreso de la República y será presentado para la conciliación entre la Cámara y el Senado la próxima semana, donde se votará únicamente por “sí” o “no”.
De acuerdo con Duvalier Sánchez Arango, representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde, el objetivo es que las víctimas de fraude digital se comuniquen con la entidad financiera, crediticia o al operador telefónico con el que tienen la deuda, para informales que su identidad ha sido suplantada.
En ese momento, la compañía deberá suspender inmediatamente el cobro de dicha obligación financiera y/o eliminar el reporte de las centrales de riesgo, mientras se investiga la situación.
Adicionalmente, la víctima deberá interponer la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en un plazo máximo de 20 días hábiles, de lo contrario, la entidad podrá seguir exigiendo el cobro. “Antes era el ciudadano el que debía demostrar que había sido suplantado y que no estaba diciendo mentiras. Ahora, la responsabilidad sería de la empresa”, explica Sánchez Arango.
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Según el congresista, es la empresa la que debe adelantar todo el proceso judicial para esclarecer los hechos y, por lo tanto, deberá invertir recursos para evitar que se sigan presentando este tipo de delitos. “Lo que buscamos es una corresponsabilidad”, sostiene.
En este sentido, señala que las compañías deben mejorar sus herramientas de verificación de identidad y sus canales, teniendo especial cuidado con los créditos rápidos y las compras en línea.
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Acorde con Sánchez, la ley de fraude digital está fundamentada bajo el principio de buena fe y siempre se le va a creer a la persona que denuncie haber sido víctima de estafa, mientras se realiza la investigación. Sin embargo, en caso de que se llegue a comprobar que el ciudadano dijo mentiras, tendrá consecuencias de tipo penal. “Si la persona miente, debe pagar la deuda y va a la cárcel”, puntualiza.
En caso de que la investigación no logre determinar si se presentó, o no, una suplantación de identidad, será la empresa la que asuma el valor total de la deuda. “Es la empresa la que tiene que establecer todas las medidas de riesgo digital. No pueden ser tan laxos en la forma de conseguir compras”, anota el parlamentario.
En este sentido, el representante de la Cámara destaca que el tiempo de respuesta para este tipo de situaciones será mucho más rápido y eficiente, ya que “a las empresas les interesa recuperar su dinero”. En cuanto al usuario afectado, al ser suspendida la deuda y eliminada del reporte en las centrales de riesgo, se le deberán restablecer sus antecedentes financieros sin ningún tipo de afectación en la calificación.
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