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En Colombia, las estafas de mínima cuantía se han convertido en un problema recurrente debido a la legislación vigente, que permite que quienes cometan estos delitos por montos inferiores a $213 millones evadan la prisión. Esto ha generado un sentimiento de impunidad entre las víctimas, muchas de las cuales han perdido los ahorros de toda su vida sin recibir justicia.
Un equipo de Séptimo Día expuso las denuncias de ciudadanos que aseguran haber sido engañados por presuntos delincuentes que, conocedores de esta laguna legal, operan con total impunidad al asegurarse de no superar dicho monto. La falta de sanciones efectivas ha permitido que estos delitos se multipliquen, dejando en evidencia la necesidad urgente de una reforma en la ley para proteger a quienes han sido perjudicados.
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Testimonio de víctimas del delito de mínima cuantía
En Ibagué, María Elvira Caballero, una vendedora ambulante de 60 años, y sus hijas, Adriana Paola y María del Pilar Caballero, ambas madres de familia que han trabajado arduamente para sacar adelante a sus hijos, fueron víctimas de este delito.
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Todas señalan que están viviendo una tragedia desde septiembre de 2023, tras haber confiado en las promesas de Héctor Javier Martínez. “Yo tenía $30 millones en el Banco Davivienda, porque mi anhelo era comprar una casa. Él me dijo: ‘Tranquila, yo la consigo. Yo le consigo eso en febrero y ya usted está estrenando una casa'”, contó María Elvira a Séptimo Día.
Según las víctimas, Héctor Javier Martínez utilizaba sus propios teléfonos celulares para solicitar créditos a través de aplicaciones de diversas entidades bancarias. Además, frente a ellas, ingresaba toda la información requerida por las plataformas e incluso guiaba sus manos para colocar las huellas digitales, asegurándose así de que los créditos fueran aprobados.
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En total, este individuo se apropió de aproximadamente $25 millones de María del Pilar, $6 millones de Adriana Paola y $30 millones de María Elvira. Aunque la legislación colombiana considera estas sumas como de mínima o menor cuantía, para ellas representaban una pérdida significativa, ya que eran fruto de años de esfuerzo y trabajo.
“Nadie sabe por lo que nosotras hemos pasado; una cosa es contarlo y otra es vivirlo. No me parece justo que la justicia de este país no haga nada contra él”, aseguró María del Pilar, entre lágrimas. A pesar de que todas las víctimas presentaron la denuncia, hasta el momento no han recibido respuesta ni justicia, y el responsable sigue en libertad, sin enfrentar ninguna consecuencia por el daño causado.
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Otras acusaciones contra Héctor Javier Martínez
Séptimo Día encontró en Ibagué a otras tres personas que ya habían denunciado a Héctor Javier Martínez entre agosto de 2022 y octubre de 2023. Uno de ellos es Jorge Mario Prado, un electromecánico industrial e instructor de gimnasio de 36 años, quien fue el primero en denunciar públicamente.
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También dentro de estas denuncias, Leomar Dueñas y Sandra Carolina Borja aseguraron haber sido engañados por Héctor Javier Martínez. Las sumas defraudadas oscilan entre $40 millones y más de $160 millones, montos que, según la legislación colombiana, no implican una sanción de privación de la libertad para el responsable.
"Él presta el servicio a través de los bancos, de acuerdo con la vida crediticia, acelera los procesos, pero el dinero no me lo dieron a mí, sino que Héctor Javier lo tomó para su cuenta personal... Se vinieron los problemas encima por no tener liquidez para poder pagar las cuentas en los bancos. Por eso, perdí mi casa, mi hogar, la camioneta y la moto", dijo Leomar Dueñas.
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¿Este delito implica cárcel?
Expertos explican que los delitos de mínima o menor cuantía son excarcelables en Colombia. “No le va a gustar lo que le voy a decir, pero estos delitos son excarcelables, eso significa que no conllevan prisión”, afirmó Jesús Javier Parra Quiñones, abogado penalista y profesor de la Universidad Libre.
Por su parte, la senadora del partido Centro Democrático, María Fernanda Cabal, advirtió que “la ley favorece a los victimarios. Los perpetradores de estos crímenes saben que pueden aprovecharse de la norma y, al final, terminan es coleccionando más víctimas”.
Por ello, advierten sobre la importancia de fortalecer los mecanismos de control y sanción para frenar el aumento de estos casos. Asimismo, señalan la necesidad de reformas legislativas que impidan que más personas sean víctimas de delincuentes que se aprovechan de los vacíos de la ley.
“Estas leyes están diseñadas para descongestionar el sistema y al final lo que producen como efecto es la desprotección total de las víctimas, que en su mayoría son las más pobres”, afirmó María Fernanda Cabal.
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Víctimas esperan justicia
Al igual que en los casos mencionados anteriormente, la justicia parece no haber tomado medidas para detener los presuntos engaños de Héctor Javier Martínez. Otros ciudadanos han denunciado que continúa utilizando el mismo método de estafa en diferentes ciudades, incluida Bogotá, adonde llegó a mediados de 2024.
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Según las víctimas, Martínez se asegura de no superar los 213.525.000 millones de pesos, el límite establecido por la ley para este tipo de delitos, lo que le ha permitido evadir su responsabilidad.
Esta situación ha dejado a numerosas víctimas en la incertidumbre, sin respuestas ni justicia, mientras los casos continúan en aumento y los delincuentes aprovechan los vacíos legales para seguir operando con impunidad.
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