Uso de biopolímeros ya es delito en Colombia: ¿qué es lo que prohíbe la ley 2316 de 2023?

Luego de que el presidente Gustavo Petro sancionara laley que prohíbe la utilización de biopolímeros en Colombia, la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica se pronunció calificándolo como un avance muy importante en salud pública. Por supuesto, quienes más aplauden esta nueva norma son las pacientes.

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Esta ley no solo prohíbe el uso de biopolímeros, sino que impone prisión y sanciones económicas, regula el uso y aplicación de sustancias modelantes, establece medidas a favor de las víctimas, como inclusión de todo lo que necesiten para su tratamiento en el plan de beneficios, y también estrategias de educación y prevención, entre otros.

“Cuando me enteré de que lo que me habían aplicado eran biopolímeros, fue muy triste”, comenta María del Pilar Chagur, víctima de esta sustancia. También lo dice París Gallego: "Fue un caos total, fue algo que yo no me esperaba tener en mi cuerpo”.

Ellas dos son unas de las tantas víctimas de los biopolímeros que recuerdan el proceso que tuvieron que enfrentar.

“Es una cirugía muy fuerte, tienes que estar preparado física, psicológica y mentalmente, porque no es nada fácil, es una recuperación larga”, relata María del Pilar.

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Y, precisamente con el objetivo de controlar este grave problema de salud pública, fue sancionada por el presidente Gustavo Petro la ley 2316, “por medio de la cual se crea el tipo penal de lesiones personales con sustancias modelantes invasivas e inyectables no permitidas – biopolímeros-”.

“Varios temas a destacar. Primero, la atención psicológica, en temas también de salud para el retiro, para el tratamiento, para los medicamentos, a cargo del sistema de salud. Segundo, la creación de un tipo penal de lesiones personales, cualquier persona que infiltre biopolímeros pagará cárcel. Tercero, todo un registro de trazabilidad”, explica Carlos Fernando Motoa, senador y ponente de la ley.

El que inyecte o infiltre estas sustancias en el cuerpo de otras personas incurrirá en prisión de 32 a 120 meses y multa de 150 a 250 salarios mínimos legales vigentes. Si es un profesional de la salud, la pena será de 96 a 180 meses de prisión, una multa de 200 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de su profesión por 60 meses.

La Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica reconoció este avance y se ofreció para trabajar conjuntamente con el Ministerio de Salud y demás autoridades.

Iván Santos, uno de los cirujanos plásticos que más ha tenido que tratar las complicaciones y secuelas de los biopolímeros, celebra la nueva norma: “Estoy totalmente de acuerdo con que se busque penalizar la aplicación de sustancias no permitidas porque claramente esto es un delito que le produce problemas terribles a las personas, permanentes e incurables”.

Por su parte, las víctimas esperan que nadie más tenga que pasar por esa situación.

El Ministerio de Salud tiene tres meses para incluir en el plan de beneficios, tanto del régimen subsidiado como del contributivo, el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y procedimiento de retiro o manejo de sustancias modelantes no permitidas y también los medicamentos y tratamientos necesarios de salud mental.

A su vez, la Superintendencia de Salud debe velar por recibir las denuncias y el Invima tendrá que realizar, entre otras, actividades permanentes de información y educación sanitaria con los consumidores y la población en general.