El Consejo de Estado dice que la filtración de los contratos de AstraZeneca y Pfizer se trató de un error involuntario y que adelantará las investigaciones correspondientes.
Sin embargo, ya los detalles pactados entre el Gobierno y los dos laboratorios se conocen y han estado colgados en la página del Instituto Anticorrupción, que desde el inicio de las negociaciones buscó que estos contratos fueran públicos.
“Les permite a las farmacéuticas no suministrar las vacunas en las condiciones de tiempo, modo y lugar que están estipuladas en los contratos, ni responder por las consecuencias que se desprenden de la ejecución del contrato o de la aplicación de las vacunas”, indicó Camilo Enciso, director del Instituto Anticorrupción.
Precisamente estas condiciones estaban enmarcadas en un acuerdo de confidencialidad, que fue revelado, lo que tiene al Gobierno con los pelos de punta.
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Vacunación, en riesgo por “error involuntario”: se publicaron contratos con Pfizer y AstraZeneca
Se contemplan incluso acciones legales por esta filtración.
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“Yo creo que no se puede descartar ningún tipo de acción, porque claramente se trata de información confidencial y que puede poner en riesgo el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación. Por eso estamos trabajando rápidamente con las farmacéuticas para evitar que esto afecte la circulación de más vacunas en el territorio colombiano”, indicó el presidente Iván Duque.
De hecho, los equipos jurídicos de la Presidencia y el Ministerio de Salud sostienen reuniones con las farmacéuticas para evaluar los efectos que esto pueda traer.
“Nosotros tenemos que ser lo suficientemente claros y persuasivos en que aquí no hubo ningún incumplimiento de parte del Estado colombiano, que fue el que firmó el acuerdo con ellos, y que lo que necesitamos en este momento es mantener el flujo de vacunas en nuestro país”, agregó Duque.
Para Enciso, los argumentos del Gobierno sobre algún riesgo para el plan de vacunación no tienen asidero.
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“No es cierto que las farmacéuticas puedan terminar los contratos y decir yo no le suministró más a Colombia por el hecho de que se conocieron los contratos”, explicó.
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Los expertos en salud y derecho privado tienen su propia lectura.
“No podríamos decir que por este solo hecho ya se ponga en riesgo el plan de vacunación y tampoco la vida y salud de los colombianos”, indicó Diana Rocío Bernal, coordinadora de la especialización en Derecho Médico de la Universidad del Rosario.
En esto coincide Juan Camilo Contreras, profesor investigador de la Universidad Javeriana: “En otros países se han revelado contratos con circunstancias parecidas, parcialmente o totalmente, y no ha habido repercusiones”.
El Gobierno también espera resultados en las investigaciones que anunció el Consejo de Estado.
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