Son muchas las demandas que se han presentado contra la intervención de la EPS Sanitas y la Nueva EPS. Pero quizá la que más llama la atención es la de un paciente que es abogado y señala que su condición médica y la de su familia está en peligro.
El demandante es César Augusto Pizarro, un abogado experto en derecho administrativo que, por encima de su profesión, busca validar su condición de paciente de roncopatía y con un tumor en el rostro. Por eso, demandó la intervención hecha a la EPS Sanitas.
“Yo he pasado por otorrinolaringólogo, neumólogo, cardiólogo, patólogo, radiólogo, y la próxima semana debe concluir con una cirugía de párpados y resección de tumor para establecer si es benigno o maligno. Siento un deber moral como paciente que soy de por lo menos tratar de defender a la EPS”, señaló César Pizarro, paciente de EPS Sanitas.
Pero él no es cualquier paciente, vive en San Andrés y teme por su salud, pues, para afrontar las enfermedades graves como la suya y de miembros de su familia, de allí se sale por una ambulancia medicalizada.
Así lo confirma Pizarro: “San Andrés no tiene garantías del nivel tres, cuatro y cinco de atención en salud, porque tenemos un hospital de mediano nivel y la mayoría de los pacientes tienen que ser remitidos en avión ambulancia cuando las circunstancias lo ameritan. En promedio, un vuelo de avión ambulancia está entre los 25 y 30 millones de pesos y esos vuelos los gestionan las EPS”.
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Reconoce que se han presentado algunas fallas, pero dice que estos traslados podrían estar en riesgo y, por ende, la salud de los pacientes. En consecuencia, César interpuso una demanda para que se anule el procedimiento de intervención.
A esta acción judicial se sumó Germán Córdoba, representante legal del Partido Cambio Radical, quien manifiesta que “fue un acto de revancha, de venganza por la derrota que el Gobierno sufrió cuando el Congreso le hundió su reforma a la salud. Hay falsa motivación, hace poco más de seis meses la Superintendencia le había prorrogado la licencia a la EPS por cinco años más”.
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Otra de las demandas fue la colocada por el exministro de Justicia Wilson Ruiz, quien también alega que no hubo sustento para la intervención.
Con estas acciones, el balón queda en manos del Consejo de Estado, que estudiará si admite o no estos argumentos.
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