El Ministerio de Salud interpuso una acción popular contra 21 EPS en el país con el argumento de que pueden estar vulnerando el acceso a la seguridad social en salud de los usuarios.
Minsalud dijo, ante el juzgado administrativo de Bogotá, que a estas EPS se les acusa de haber vulnerado o amenazado la defensa del patrimonio público, la moralidad administrativa, el acceso al servicio público a la seguridad social en salud y que su prestación sea eficiente y oportuna.
Lo que busca la entidad del Estado es que las prestadoras de salud cumplan con la inversión de reservas técnicas para garantizar las obligaciones pendientes.
Entre las EPS demandadas están Compensar, Sanitas, Famisanar, Capital Salud, Nueva EPS, Salud Total, Sura, entre otras.
Por su parte, Acemi, el gremio que integra a las EPS, rechazó esta acción, que los tomó por sorpresa. Aseguran que no hay diálogo con el Ministerio de Salud.
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Ana María Vesga, presidente ejecutiva de Acemi, se refirió al tema: “Nos sorprende que el Ministerio acuda a este tipo de acciones cuando el gobierno y los entes de control tienen todos los mecanismos legales, en el marco de la inspección, vigilancia y control que realizan para exigir el cumplimiento de las EPS. La realidad es que el sistema de salud está en una crisis de sostenibilidad inédita y desde diferentes orillas se ha advertido que los recursos no alcanzan y que la UPC es insuficiente. Esto, además de deteriorar la situación financiera de las EPS, está afectando a los pacientes”.
Por parte de la Organización para la Defensa del Paciente se apoya la acción popular interpuesta por Minsalud y menciona que ayudará a presentar pruebas ante el juzgado administrativo de Bogotá frente a las presuntas violaciones.
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“Recordemos que durante muchos años las EPS han vulnerado de manera sistemática el derecho a la salud de millones de usuarios cuando les han negado servicios, cuando no les entregan medicamentos o no les agendan citas médicas. Esto ha generado miles de muertes en Colombia, fallecimientos que eran evitables”, puntualizó Francisco Castellanos, director de la Organización para la Defensa del Paciente.