En una nueva carta, 18 exministros y exviceministros de esta cartera lanzan alertas frente a lo que está ocurriendo con el sistema de salud en Colombia. Señalan, entre otras, que recientes decisiones del Gobierno “desconocen la realidad y agravan la situación que enfrenta el sistema de salud, y nos encaminan hacia un colapso que afectará el derecho a la salud de millones de colombianos”.
En la misiva, firmada entre otras por los exministros Alejandro Gaviria y Fernando Ruiz, se refieren particularmente a la decisión de aumentar en un 12% la unidad de pago por capitación (UPC), es decir, el monto que el Gobierno paga anualmente a las EPS por cada paciente.
“El incremento de 12,01% para la UPC aprobado en los últimos días de diciembre es muy insuficiente, ya que no está basado en la información de consumo de la vasta mayoría de los afiliados en el sistema. Tampoco hubo participación para comentarios sobre la resolución del incremento ni sobre la nota técnica que sirvió de base para calcular las adiciones al Plan de Beneficios. Así las cosas, el aumento definido está muy alejado de las necesidades calculadas por expertos, del 15% para la UPC y del 10,6% para presupuestos máximos”, subrayan en la carta.
Los exfuncionarios también cuestionan el nombramiento de Aldo Cadena como gerente de la Nueva EPS: “El Gobierno nacional hace nombrar en la presidencia ejecutiva a una persona cuyos antecedentes ejecutivos no dan las garantías técnicas ni de capacidades gerenciales para gestionar la EPS más grande del país (con más de 10 millones de afiliados) y una de las mejor administradas durante los últimos 15 años”.
También se refirieron a la acción popular que interpuso el Ministerio contra las prestadoras de salud, afirmando que es un “requerimiento legal insólito”, ajeno “a sus competencias” y contradictorio “con la debida gestión de las responsabilidades que sí le corresponde a una de sus entidades adscritas, como es la Superintendencia Nacional de Salud”.
Asimismo, plantean que con las reformas el sistema ya no tendrá como prioridad la salud de los colombianos, sino satisfacer intereses clientelistas y que estas decisiones irán limitando, según ellos, el acceso a los servicios de salud.
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