Avances de la reforma a la salud preocupan a las EPS: 100.000 empleos podrían estar en riesgo

Con la aprobación de lareforma de salud por parte de la comisión séptima de la Cámara de Representantes, sectores a favor y en contra se han manifestado con relación a los 139 artículos, entre los cuales se destaca lo planteado por el Gobierno para ejecutar la modificación del rol de las EPS.

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Paola Acosta, la presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, que reúne a las EPS Coosalud, Compensar, Aliansalud, Sanitas, Delagente, Famisanar, Salud Bolívar, Salud Total, SOS, Sura y Nueva EPS, conversó en entrevista con Caracol Ahora acerca de sus visiones sobre la reforma y qué precauciones plantean ellos como gremio.

En su concepto, los centros de atención primara (CAP) serán una estrategia de difícil cumplimiento, debido a que “para las personas los resultados en salud realmente dependen de una atención de forma integral”, por lo cual, cuando esa atención requiera un abordaje por parte de laboratorio, imagen diagnóstica o especialistas, deberán ser remitidas.

Esto generará una fragmentación en la atención de los pacientes y la coordinación del proceso quedará en manos de la nueva figura de gestoras de salud, pero estas no definen ni con quién ni qué servicios contrata, por lo cual tampoco podrá hacer una revisión de calidad a los mismos.

“Esa integralidad de la atención que hoy se da desde las EPS se pierde”, aseguró Acosta, destacando que “esa fragmentación que se incorpora en el sistema de salud puede tener un efecto importante en los resultados de salud de la población”.

Frente a las afirmaciones que realizó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en las cuales asegura que las EPS hoy están recibiendo “respiración artificial” y que no desaparecerán, pues al convertirse en gestoras recibirán el 5% del presupuesto, la presidenta dice que ellos como asociación ven que lo articulado por la comisión séptima elimina a las entidades promotoras de salud en un lapso de dos años.

Dentro de sus estimativos también se tiene que 100.000 empleos entre contrataciones directas e indirectas podrían verse en riesgo, debido a que estos puestos no necesariamente van a estar en el nuevo modelo.

Para ellos, las gestoras y las EPS son institucionalidades diferentes, debido a que las primeras no son aseguradoras en salud y “no tienen esta atención integral de todos los servicios y todas las prestaciones que hoy tenemos los colombianos a través de nuestra EPS”, además de que no administran el riesgo financiero y a la salud de la población.

Así mismo, declaran que las 11 EPS que están reunidas en Acemi presentaban hasta diciembre de 2022 unos indicadores con cifras de cumplimiento, sin embargo, sí se evidencia un grave problema dentro del flujo de recursos del sistema, especialmente deudas por cerca de 5 billones de pesos que no han sido girados por la Adres.

“Acá hay una situación que es común a muchos sistemas de salud en el mundo y que lo que se tiene que hacer es trabajar de la mano del Gobierno para poder salir adelante, independientemente del modelo que se tenga, los recursos no son suficientes para todas las atenciones que se tiene”, declaró Paola Acosta.

De igual manera, manifiestan no ver “ninguna fuente nueva de financiación que se esté contemplando dentro del proyecto de ley”, en el cual hay más bien una distribución de recursos donde se prioriza la atención primaria en salud. Desde su concepto, esto es algo positivo, pero no debería hacerse a costa del desfinanciamiento de los otros niveles de atención.

“En Colombia tiene cerca de ocho millones de enfermos crónicos, de enfermos con enfermedades de alto costo que requieren una continuidad en sus servicios y es el grueso realmente de todos los recursos que destinamos hoy”, apuntó.

De la reforma destaca que “ha generado unos consensos en toda la sociedad acerca de la importancia de ir evolucionando el sistema hacia temas más preventivos”, los consensos relacionados con la formalización y el mejoramiento de las condiciones de talento humano en salud y los modelos diferenciales para las zonas con oblación dispersa, sin embargo, no consideran que se necesite una ley nueva, sino más bien recursos adicionales.

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