El país judicial y político se ha visto sacudido en los últimos días por las denuncias de supuestas interceptaciones ilegales a magistrados de la Corte Constitucional.
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La denuncia fue puesta en conocimiento por los propios togados a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, durante una reunión el 20 de junio de 2024.
El fantasma de las chuzadas encendió las alertas en varios sectores que exigen llegar hasta las últimas consecuencias para esclarecer la denuncia.
Las interceptaciones a magistrados no solo serían telefónicas
La tormenta la desató la acusación de los magistrados de la Corte. Ellos dicen que les están siguiendo sus comunicaciones y hasta hurgando sus operaciones financieras y bienes.
El magistrado Jorge Enrique Ibáñez fue más allá y en una carta dirigida al presidente de la Corte Constitucional dijo que él y su esposa son víctimas de esos seguimientos. Además, culpó directamente, por fuentes que dijo conocer, a miembros de los organismos de inteligencia del Estado.
Tras esta denuncia hecha en Semana, Noticias Caracol consultó a diferentes fuentes oficiales. En la Fiscalía advirtieron que aún es prematuro hablar del regreso de las chuzadas, pero la propia fiscal general ordenó a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia indagar el origen de esas denuncias.
Se busca establecer si, en efecto, hay alguien siguiendo al magistrado Ibáñez y si tiene interceptadas sus comunicaciones o las de otros magistrados del tribunal.
Otros magistrados sospechan interceptaciones ilegales en su contra
También se consultó con cuatro magistrados de las altas cortes y todos coinciden, en voz baja, que tiene el mismo temor y la misma sospecha del magistrado Ibáñez: que sus comunicaciones están interceptadas, que los siguen, que esculcan sus cuentas bancarias y sus movimientos financieros.
También tienen indicios de que, en muchos casos, personas de organismos de Inteligencia han logrado acceder a documentos y computadores de sus oficinas, donde guardan información sensible sobre todos los casos que manejan.
Uno de los magistrados aseguró que miembros de inteligencia de la misma Policía y Ejército le informaron que los seguimientos los está haciendo la Dirección Nacional de Inteligencia y la Unidad Nacional de Protección y que sus cuentas bancarias y movimientos financieros han sido seguidos por funcionarios de la poderosa Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF.
Y no son solo magistrados de la Corte Suprema o la Corte Constitucional. En la JEP, varios de sus integrantes manifestaron también que desde hace al menos un año tienen pistas y serias sospechas de que sus llamadas telefónicas y mensajes de correo están siendo interceptados y que, igual que sus colegas de otras cortes, también han recibido datos concretos de esas chuzadas.
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