El Consejo de Estado inició el estudio de una demanda por los viajes que la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, ha hecho a Londres, Estados Unidos y Tokio.
El alto tribunal requirió a la Presidencia de la República y al Ministerio de Relaciones Exteriores para que entreguen todo el sustento del decreto 1893, que terminó comisionando como embajadora especial a la esposa del presidente Gustavo Petro para representar a Colombia en eventos oficiales fuera del país.
Entre estos están el viaje de Verónica Alcocer a Estados Unidos para asistir a la conferencia de las Naciones Unidas; a Tokio, para el funeral del asesinado exprimer ministro Shinzo Abe, y a Londres, para las honras fúnebres de la reina Isabel II.
La indagación por los viajes de la primera dama inició luego de que el Consejo de Estado admitiera la demanda de Jorge Ortiz, quien precisó que la esposa del jefe de Estado, “al no ser servidora pública, no puede ser beneficiaria de la destinación de viáticos de pasajes y de transporte terrestre. En los considerandos del decreto demandado, el presidente señala en el inciso número tercero que se ha determinado nombrar a Verónica Alcocer, y eso es una clara violación del artículo 123 de la Constitución política”.
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La demanda también cuestiona los viáticos autorizados a Verónica Alcocer de 4.160 dólares, tiquetes aéreos por 30 millones de pesos y transporte por 150 dólares.
El demandante explicó cuáles podrían ser las consecuencias de este fallo, aunque ya los viajes de la primera dama fueron hechos y no hay antecedentes de una situación de esta índole.
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“Si el Consejo de Estado llega a declarar la nulidad, como así debe ser en derecho, (el presidente) no podría volver a expedir otros actos administrativos nombrando o designando a su esposa como embajadora en misión especial”, indicó Ortiz.
Noticias Caracol conoció que una de las pruebas que obra ante el Consejo de Estado es un derecho de petición a la Cancillería, en el que el despacho se niega a responder si Verónica Alcocer es esposa del presidente Gustavo Petro: "No es competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores pronunciarse de fondo al respecto".
La última palabra la tendrá la sección primera del Consejo de Estado, que tiene el caso.
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