Noticias Caracol conoció el testimonio de un testigo clave de la Fiscalía en la investigación que busca determinar qué pasó con los 70 mil millones de pesos que el MinTic le giró a la unión temporal Centros Poblados.
Se trata de Roberto Antonio Gómez, que narró cómo se fraguó el contrato y mencionó a dos personas, además de Emilio Tapia: Mauricio, cuya plena identidad solo la conocen los investigadores, y Alfredo Amín.
Según él, “el señor Mauricio y Alfredo Amín eran los que asesoraban y representaban las tres compañías para la presentación de la oferta del MinTic; estas eran: Omega Buildings, Intec e I.C.M. Ingenieros”.
El testigo afirmó que desde el inicio se sabía que la unión temporal Centros Poblados no contaba con la capacidad financiera para asumir el proyecto, por lo que se respaldó en varias empresas.
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“Yo escuché en la primera reunión en la casa de Emilio Tapia que necesitaban ampliar el patrimonio de las compañías. Esos trámites los iban a trabajar Alfredo Amín y Mauricio. En esa reunión con Alfredo Amín él se llevó la información de Novotic y también le entregué, como ya habíamos hecho en otras reuniones temporales, como el borrador del documento de la unión temporal; esa fue la primera reunión que tuve con Alfredo Amín”, declaró.
También dijo que nunca tuvo conocimiento de cómo se tramitó la garantía bancaria falsa de Centros Poblados, ya que “Alfredo Amín era el encargado de los demás formatos, a él es quien le llega la garantía de seriedad de la oferta, no sé cómo le llegó, en esa garantía él indicó que había llegado con un error (…) Mientras, yo salí de la oficina, y ahí no sé si él la corrigió o le llegó”.
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Sin embargo, en el interrogatorio con la Fiscalía, Alfredo Amín negó cualquier relación con Emilio Tapia y con Mauricio.
Investigador: ¿Usted conoce al señor Emilio Tapia Aldana?
Alfredo Amín: Sí, bueno, en algún momento él estuvo en reunión con Juan Carlos Cáceres, pero nunca, nunca, he hablado con él, solo el saludo, lo cual fue ocasional al conocer a Juan Carlos Cáceres.
Fuentes cercanas a la investigación aseguran que así cómo Roberto Antonio Gómez, otros implicados están dispuestos a contar qué congresistas habrían hecho lobby para la adjudicación del contrato con Centros Poblados y para engavetar la caducidad del mismo.
La Fiscalía descarta por ahora acuerdos.
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