El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en un extenso escrito, publicó en X lo que tituló como "cumplimiento del fallo de tutela" y textualmente señala en uno de sus apartes lo siguiente: "Me retracto de la afirmación que hasta hoy es materia de investigación. Hemos encontrado hallazgos de irregularidades en la Nueva EPS donde Enrique Vargas Lleras era miembro de la junta directiva. Esta corresponsabilidad debe ser investigada penalmente como hoy se hace. Esperaremos los resultados de las investigaciones”.
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Pero, más adelante, el primer mandatario apela a su objeción de conciencia y asegura que su reparo es genuino, porque hace parte de su defensa de los recursos públicos y en ese sentido se aparta del cumplimiento de esa orden judicial.
Noticias Caracol consultó con personas cercanas al presidente, quienes aseguraron que esa posición del mandatario significa que el fallo fue impugnado.
¿Qué dice la carta del presidente Petro?
“Justificaré expresamente ante las autoridades judiciales correspondientes, en el momento procesal oportuno, por convicciones internas, que constituyen en mi fuero íntimo razones de objeción de conciencia, mi posición frente a mi deber jurídico derivado de la orden señalada en el resuelve tercero del fallo de tutela emitido por el Consejo de Estado, en el proceso 2024-03889 promovido por Enrique Vargas Lleras”, dijo el presidente Petro al inicio de la carta que compartió en su cuenta de X en la tarde de este viernes, 13 de septiembre de 2024.
En el documento, el mandatario señaló “esta situación surge de unas manifestaciones de Germán Vargas Lleras contra la salud”.
“A lo anterior manifesté que había un conflicto de interés, ya que su hermano Enrique Vargas era miembro de la junta directiva de la Nueva EPS y se había desempeñado como asesor jurídico en varias EPS. Me retracto de la afirmación que hasta hoy es materia de investigación”, señaló el jefe de Estado.
No obstante, precisó que han “encontrado hallazgos de irregularidades en la Nueva EPS donde Enrique Vargas era miembro de la junta directiva” y consideró que “esta corresponsabilidad debe ser investigada penalmente como hoy se hace”.
“Esperaremos los resultados de las investigaciones”, apuntó el primer mandatario de los colombianos.
Recalcó que, como ciudadano y como servidor público, ha “actuado siempre de manera crítica y directa denunciando la corrupción y el aprovechamiento ilegal e inmoral permitidos por un contexto de falencias en el funcionamiento” del sistema de salud colombiano, que son investigados por las autoridades competentes.
“Esta conducta es producto de mis más íntimas convicciones sobre lo que he creído toda mi vida, es lo apropiado, lo correcto y lo justo en relación con cómo debe funcionar el servicio de salud en un país con recursos escasos y con una profunda desigualdad entre sus ciudadanos y ciudadanas”, añadió.
Asimismo, indicó que sus “convicciones sobre este tema son genuinas y verificables” a lo largo de su vida pública y que, además, están amparadas en el orden constitucional “porque pueden justificarse en el cumplimiento de los principios de dignidad, solidaridad e igualdad como componentes de la forma de garantizar el derecho fundamental a la salud”.
“Estos principios y este derecho consagrados en artículos puntuales y expresos de nuestra Constitución Política de 1991”, agregó.
¿Qué busca el presidente Petro?
Dijo que, como servidor público, debe someterse al ordenamiento jurídico, pero considera que, como persona, sigue siendo titular de los derechos fundamentales.
“No busco que se deje de aplicar la ley, ni que se dejen de cumplir los fallos judiciales, pretendo que, por razones de conciencia, se me permita apartarme del cumplimiento de esta orden judicial en concreto”, afirmó.
Y complementó: “Tengo la certeza de que la ubicación de manifestar enmienda alguna - en cualquier escenario - a mis denuncias sobre cómo al diseño de nuestro sistema de salud posibilita y ha posibilitado que particulares, que hoy pueden señalarse puntualmente, deben ser investigados para conocer si se han lucrado ilegal e indebidamente a costa de los recursos y las necesidades en salud de los colombianos y las colombianas, riñe con mis convicciones internas”.
El jefe de Estado manifestó también que no solo tiene opiniones, visiones, diagnósticos y propuestas sobre el sistema de salud en Colombia, también una profunda creencia que lo “obliga a adoptar un comportamiento inflexible frente a los abusos que en la prestación de este servicio se permiten”.
“Por ello mi proceder se manifiesta de esa forma y es por ello también que quiero ampararme en el artículo 18 de la Constitución, para no ser obligado a actuar en contra de mis convicciones”, adujo.
Y agregó: “Se podrá decir que mis convicciones, formadas en mi fuero íntimo, sobre cómo funciona, cómo debería funcionar el servicio de salud y sobre la imperiosa necesidad de revelar qué y quiénes lo han pervertido, no son suficientes para negar la satisfacción de los derechos, presuntamente vulnerados, de quienes he denunciado”.
Según Petro, lo cierto es que esos derechos van atados a la calificación de falsedad de sus denuncias.
“Entiendo la garantía constitucional de no ser señalado con acusaciones que no tengan respaldo judicial, pero también entiendo que mi proceder derivado de mis convicciones sobre el sistema de salud en Colombia pretende romper con el silencio y el encubrimiento de las razones y responsables de las afectaciones del sistema”, aseveró.
Asimismo, dijo: “Considero que mi objeción de conciencia en el presente caso está ponderada con la naturaleza de un reparo genuino, la seriedad con la que he asumido la defensa de los recursos públicos y la certeza que, al día de hoy con la información disponible, me habilita constitucionalmente apartarme del cumplimiento de esta orden judicial, sin que se produzca un daño cierto e irreparable en el tercero destinatario de la orden, lo que permite amparar el derecho invocado”.
Finalmente, el presidente apostilló que esta solicitud la realizará a título individual, solicitando únicamente el amparo de su “fuero interno en virtud de lo establecido en el artículo 18 de la Constitución, exclusivamente en relación con lo señalado en el resuelve tercero del fallo de tutela emitido por el Consejo de Estado, en el proceso 2024-03889 promovido por Enrique Vargas Ceras, y sin mensaje adicional alguno a la ciudadanía y/o a los jueces de tutela”.
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