Rodolfo Hernández
quedó ad-portas de la muerte política, ya que la Procuraduría General lo sancionó disciplinariamente por tercera vez. En esta ocasión, el fallo en primera instancia tiene que ver con el caso Vitalogic.
Según la norma, con la tercera sanción se crea una inhabilidad permanente, pero esto se definirá cuando el Consejo de Estado determine si revisa o no la decisión del Ministerio Público.
Con el fallo emitido este miércoles 31 de mayo por la Procuraduría General,
Rodolfo Hernández fue inhabilitado por 14 años “al encontrar probado su interés indebido en el proceso de selección destinado a la asignación del contrato para el aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos a la unión temporal Vitalogic RSU que, de resultar contratada, le daría beneficios económicos a su hijo, en virtud de un contrato de corretaje previamente acordado”.
Como alcalde de Bucaramanga (2016-2019) “tuvo contacto directo con los representantes de la tecnología que se iba a implementar, a quienes entregó información privilegiada sobre los elementos que debían tener en cuenta para hacer viable la adjudicación del negocio jurídico, lo que les daba ventaja sobre sus eventuales competidores en el proceso de selección”, precisó el ente disciplinario.
Agrega que se comprobó que Rodolfo Hernández “tuvo una reunión en Bogotá con emisarios de la compañía, no como un acto de cortesía para oír propuestas, sino para conocer como se había estructurado el proyecto que previamente había solicitado, y en ella se acordó designar la persona que elaboraría los términos que permitieran que la citada firma contratista fuera la seleccionad”.
Asimismo, se probó “que el exalcalde adelantó acciones destinadas a coaccionar al director jurídico de la Empresa de Aseo de Bucaramanga (EMAB), a quien instó a omitir las reglas de contratación y el manual existente para lograr que se formalizara el negocio de basuras”, dijo la Procuraduría en un comunicado.
Rodolfo Hernández se perfilaba como candidato a la gobernación de Santander, pero con el fallo de la Procuraduría el excandidato presidencial no podría postularse para las elecciones regionales de este 2023.
Una de las sanciones contra el exsenador se dio por golpear al exconcejal Jhon Jairo Claro
en noviembre del 2018.
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