La fallida liberación de los jóvenes de la primera línea detenidos en el paro nacional de 2021, anunciada por el presidente Gustavo Petro, se convierte en un nuevo punto de discordia entre el jefe de Estado y el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa.
El nuevo rifirrafe se inició a raíz de unas declaraciones del presidente Gustavo Petro en San Andrés, donde dijo explícitamente que el Estado se estaba vengando de 305 jóvenes de la primera línea que fueron detenidos en el marco del paro nacional y que aún siguen privados de la libertad.
El mandatario manifestó que los fiscales prácticamente se pusieron de acuerdo para que fueran juzgados bajo el delito de terrorismo y responsabilizó a la Fiscalía y a la Procuraduría de que su promesa de campaña no se haya logrado.
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“La Fiscalía los trató de terroristas, generó una comunicación en el conjunto de los fiscales en todo el país, que cuando llegaba un caso de estos jóvenes a cualquier lugar ya el fiscal del caso estaba diciendo ‘terrorismo’. Y siguen en la cárcel, a pesar de que nosotros intentamos una salida que fracasó con la misma Fiscalía y la Procuraduría”, sostuvo el jefe de Estado.
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Al respecto, el fiscal Francisco Barbosa le respondió al presidente y dijo que la Fiscalía no tiene nada que ver en la decisión de liberar o no a los miembros de la primera línea, que eso le corresponde a los jueces y que dichos jóvenes fueron capturados por delitos como homicidio, lesiones personales agravadas y destrucción de bien público.
“Pues es que el presidente como cree que es el fiscal general de la Nación, entonces estamos aquí (en) un problema de fondo. Él no hace parte de la rama judicial, cómo hacemos para explicarle que, primero, no es mi jefe y, segundo, él no es la Fiscalía ni los jueces. Cada uno está dentro de su rol, pero, por supuesto, que rechazo la expresión de que somos responsables nosotros por la no liberación de los miembros de la primera línea”, afirmó.
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Y enfatizó que “los responsables más bien de que estén presos son los de la primera línea o los grupos de personas que están allá porque cometieron delitos”.
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Por su parte, analistas consideran que se debe cumplir la Constitución, mantener la colaboración armónica de los poderes públicos y evitar las confrontaciones innecesarias entre el presidente y el fiscal.
“Vemos dos concepciones negativas para la democracia. De un lado, un Gobierno que en algunos casos se ha también extralimitado, ha mandado señales intimidantes frente a los jueces, afectando la independencia de la justicia, y la politización de la Procuraduría y la Fiscalía también nociva para el Estado de derecho”, señaló el analista Mauricio Jaramillo.
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El fiscal Francisco Barbosa también indicó que está dispuesto a reunirse con el presidente Gustavo Petro.