La reforma tributaria empieza este martes, 23 de agosto, su trámite en el Congreso. A pesar de las mayorías que tiene el gobierno de Gustavo Petro, varios puntos de su proyecto bandera generan preocupación, inclusive en el mismo Pacto Histórico.
En el Congreso, una de las principales preocupaciones de la reforma tributaria es el desmonte de los subsidios de combustibles en las zonas de frontera.
“Ya tenemos más de 25 años de estar acostumbrados a este sistema y esto nos incrementaría la canasta familiar, el transporte, elevaría el desempleo. Valledupar es la segunda ciudad con mayor desempleo en el país”, asegura José Alfredo Gnecco, senador partido de La U.
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Propuesta que también inquieta en el mismo Pacto Histórico, porque dicen que el combustible subiría más de 2 mil pesos en regiones golpeadas por la pobreza.
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“En muchas regiones, como el departamento de La Guajira, el Amazonas o Guainía, que son netamente fluviales, pues la gente tendría que escoger entre comer o pagar un galón de gasolina”, señala Martha Peralta, senadora Pacto Histórico.
Otros de los grandes debates estarán, seguramente, en los impuestos a alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas.
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“Un tema de salud pública debe ser combatido con herramientas de salud pública, no con un impuesto tan regresivo como es el de cobrarle un impuesto a muchos alimentos que consumen a diario”, enfatiza Ciro Ramírez, senador Centro Democrático.
Liberales y conservadores alertan sobre el impuesto a las ganancias ocasionales de hasta el 39%, que se aplicaría a la venta de un bien que no haga parte de los negocios habituales, de la casa o por ganar la lotería o una rifa.
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Wadith Manzur, representante Partido Conservador, dice que “el impuesto a las ganancias ocasionales puede destruir el negocio inmobiliario de Colombia, todas las empresas del sector inmobiliario hoy están alertas con ese impuesto como se está planteando. Hay muchas cosas que revisar”.
La presidenta de la Comisión Tercera de la Cámara insiste en que, en vez de aumentar la carga tributaria a la clase media, se aplique a otros sectores como las iglesias.
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“Que las iglesias en todo el país paguen el impuesto predial y simplemente sean excluidos de este impuesto los bienes que sean exclusivos del culto”, es la propuesta de Katerine Miranda, representante a la Cámara por la Alianza Verde.
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Otro pedido que hacen conservadores, liberales y la U es que haya claridad sobre el destino de los recursos.
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