En medio de la discusión de la reforma a la salud, en la Cámara de Representantes se dieron avances, siendo uno de los más polémicos el giro directo a clínicas y hospitales, tema que la bancada de Gobierno califica de triunfo, pero que genera descontento en otros sectores, no solamente oposición.
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Alfredo Mondragón, representante del Pacto Histórico, dice que lo que se está tratando de resolver son “problemas estructurales que tiene el actual diseño institucional”.
Sobre las críticas de distintos congresistas, aseguró que quienes no están de acuerdo “dicen que les preocupa mucho que le puedan girar el 85% durante los primeros treinta días a los prestadores, es decir, a los que atienden a la población, que son las clínicas o los hospitales, o a los profesionales que contratan, digamos, en el sistema”.
Como respuesta, citó cómo son los contratos actualmente: “La ley 1122 en el 2007, en el artículo 13, plantea que las EPS en ambos regímenes para pagar los servicios a los prestadores, mes anticipado por el 100% . Y aquí algunos se quieren sorprender que porque la reforma de la salud que estamos orientando planteamos pagar el 85% los primeros treinta días”.
Según Mondragón, quienes se oponen “no quieren confesar sus verdaderos intereses, están muy contentos de que la plata la estén manejando unos intermediarios y no que la estén manejando los que efectivamente atienden a la población”.
También afirmó que algunas entidades “se pusieron de acuerdo para negar servicios de salud (…) y después volvérselo a cobrar al Estado, es decir, a la ciudadanía. Eso es lo que pasa hoy en el sistema, no en el diseño institucional”.
Con “el actual diseño institucional se han perdido más de $23 billones”, aseveró.
De otro lado volvió a lanzar pullas al enunciar que “algunos de los que quieren hundir la reforma buscan es precisamente mantener un diseño institucional que le ha permitido que se roben los recursos”.
Mondragón indicó que cuando a las EPS “les falta plata vuelven a pedirle plata a al Estado y la plata al Estado, y el Estado de dónde las saca, de los impuestos de la gente. Así que lo que estamos nosotros planteando que, para hacer control de gasto, se plantea un régimen tarifario de mínimos y máximos”.
“Lo que hay que decirle a la gente es que los prestadores son la clínica privada o el hospital que te atiende. Y lo que ha pasado durante treinta años es que se han conformado unas mafias en donde algunas EPS algunas sí les gira y a otras no, y por eso han quebrado clínicas y hospitales. De tal manera que si son las clínicas y los hospitales los que atienden a la población se le debe entregar los recursos para que no sigan funcionando al debe, es decir, para que se inflen los costos de los insumos, de los procedimientos porque les pagan es a 120 días, a 150 días, a 200 días e incluso muchas veces esas deudas se vuelven impagables. Es decir, se pierde esa plática”, aclaró.
En cuanto a la atención de los pacientes, dijo que “se está proyectando una transición de dos años. Es decir, va a seguir funcionando más o menos en un periodo de dos años el esquema como está concebido ahora, mientras que se van ajustando el nuevo diseño institucional de tal manera que la población va a seguir afiliada a la EPS que está, pero se le va a empezar a reclamar a la EPS que cumple efectivamente”.
“La población debe tener claridad de que se va a seguir financiando para cuando tengan enfermedades de alto costo, enfermedades huérfanas. Cuando la población tenga que llegar a la mediana de alta complejidad, va a tener financiación, va a tener una financiación centros de atención primaria con un presupuesto por oferta”, precisó.
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