Como censura y acoso judicial es señalado el artículo 68 de la ley anticorrupción que aprobó el Congreso y que sanciona penal y económicamente a quienes injurien y calumnien a funcionarios y exfuncionarios públicos.
Asomedios y la Asociación Colombiana de Medios de Comunicación (AMI) aseguran que este proyecto atenta contra la libertad de prensa.
“Sí representa una amenaza para cualquiera que deba denunciar posibles irregularidades en el ejercicio de tales funciones o para el ejercicio de las mismas, como lo hacen, por ejemplo, los medios de información”, señalan.
Advertencia que comparte Transparencia por Colombia.
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“Este artículo no guarda relación con ese propósito, además genera unos riesgos importantes para la libertad de expresión y abre la puerta a la responsabilidad penal de personas jurídicas que no existe en Colombia”, dijo Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia.
A pesar del llamado, la Cámara de Representantes aprobó la iniciativa.
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“Un artículo que tiene nombre propio, es el Abudinen, porque es un artículo que viene a sancionar a cualquier persona que hable contra un funcionario público”, afirmó Mauricio Toro, representante a la Cámara por la Alianza Verde.
Por su parte, Germán Navas Talero, representante a la Cámara por el Polo Democrático, sostuvo que “este proyecto solo busca silenciar a la prensa para que no denuncien".
El partido Centro Democrático defendió la iniciativa.
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“Hay otros que desafortunadamente utilizan los micrófonos para generar calumnias y ojalá este Congreso entienda que ya va siendo hora de ponerle un tatequieto”, aseveró Edwar Rodríguez, representante a la Cámara por el Centro Democrático.
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Incluso, Eloy Chichi Quintero, representante del partido Cambio Radical, manifestó que a los medios de comunicación hay que sancionarlos.
“A la prensa hay que sancionarla y a los medios de comunicación hay que sancionarlos, no es justo que nos atropellen”, apuntó.
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A este proyecto tan solo le resta la conciliación entre Senado y Cámara y ser firmado por el presidente Iván Duque.