Un proyecto de ley sobre la justicia restaurativa se está cocinando en la Cámara de Representantes. Plantea un revolcón al Código Penal para buscar sanciones a delitos menores distintos a la cárcel y así descongestionar los centros de penitenciarios.
Son 26 artículos los que hacen parte de este proyecto, radicado por la Alianza Verde y el Nuevo Liberalismo. El propósito es buscar penas alternativas a la cárcel para quienes cometan delitos menores.
"La privación de la libertad no será en cárceles normales, pero sí tienen que estar privados de la libertad; someterse a un tratamiento, en el caso de las drogas, o hacer un acompañamiento para su proyecto de vida…la mayoría no ha terminado su bachillerato”, explica Angélica Lozano, senadora y autora del proyecto de ley.
En uno de sus apartados, el proyecto enumera los delitos que harían parte de esta alternatividad penal:
- Lesiones personales
- Hurto calificado que no exceda los 4 salarios mínimos
- Hurto sobre medio motorizado
- Hurto agravado que no supere los 4 salarios mínimos
- Estafa que no supere los 10 salarios mínimos
Agrega la senadora que “hoy quedan en total impunidad los delitos de mínima cuantía, los de cuatro salarios mínimos. El raponeo queda en la impunidad, eso mortifica a la ciudadanía".
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La pena solo aplicaría para quienes cometan un delito por primera vez, y un juez será el encargado de establecer la sanción restaurativa:
- La participación en programas de artes, oficios o educación formal
- Participación en programas de contenido social reparador
- Participación programas de tratamiento y rehabilitación de adicciones
- Trabajo social no remunerado
“Los programas de penas restaurativas deben evaluarse para estar seguros de que no estamos enviando el lenguaje equivocado a los delincuentes y que haya certeza de que va a haber sanción penal”, expresó Juan David Bazzani, exfiscal y profesor de derecho penal.
El proyecto, que inicia su discusión en el Congreso, solicita al Gobierno autorizar a los distritos y municipios la construcción de centros de retención para la transformación social y la seguridad ciudadana. Allí pagarán la pena que ordene el juez.
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