¿Quién es Luz Adriana Camargo, nueva fiscal general de la Nación?

Luz Adriana Camargo reemplazará a Francisco Barbosa como nueva fiscal general de la Nación. La abogada logró conseguir 18 votos de los 16 que se necesitaban, en la quinta sesión de la Corte Suprema de Justicia. Las otras candidatas eran Ángela María Buitrago y Amelia Pérez, quien renunció minutos antes de la elección este 12 de marzo.

La trayectoria de Luz Adriana Camargo

Luz Adriana Camargo, de 59 años, es una abogada con destacada trayectoria en el ámbito legal y político. Entró a la terna para fiscal general de la Nación en reemplazo de Amparo Cerón.

En su hoja de vida se cuenta, entre otras, que laboró en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, con Iván Velásquez, actual ministro de Defensa.

En la CICIG, Luz Adriana Camargo fue la jefa de investigación de esta entidad en la que destaparon grandes casos de corrupción en Guatemala, entre ellos, uno vinculado con la multinacional Odebrecht.

Como magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Camargo investigó los nexos de más de 50 políticos con el paramilitarismo en Colombia.

Camargo es abogada de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Ciencias Penales y Criminológicas. Además, tiene un título de posgrado en Derecho, Política y Criminología en la Especialidad de Derecho Penal de la Universidad de Salamanca (España).

Se le cuestiona, justamente, su cercanía con el ministro Iván Velásquez. Analistas dicen que ese será su gran reto, mantener la independencia del gobierno Petro.

En días pasados, Luz Adriana Camargo reafirmó su compromiso con la independencia judicial, esto ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. "Yo quiero decirles que no estoy en representación de persona alguna y no esgrimo ninguna bandera distinta a la de la rama judicial, que además me comprometo a defender en su independencia y soberanía", manifestó en su momento.

Asimismo, se comprometió a enfrentar la criminalidad con cinco líneas de acción: "La primera, la priorización con enfoque territorial. La segunda, análisis criminal con apoyo en la tecnología. La tercera, un fortalecimiento de las rutas de atención a las víctimas. La cuarta, incremento en la utilización de los instrumentos y mecanismos de la justicia premial y mejora en la calidad de la participación de los fiscales en el juicio. Y el quinto, un rediseño de los indicadores de gestión que los concibamos de manera estrategia".

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