Tras la renuncia de Álvaro Uribe al Senado, inició un debate sobre quién deberá asumir la investigación por presunta manipulación de testigos.
Y es que la polémica radica en si los delitos de los que se acusa a Uribe Vélez fueron cometidos como parte de su función como congresista o no.
Para algunos expertos, en derecho penal, esos delitos hacen parte de la justicia ordinaria.
“Consideramos que la Corte Suprema de Justicia -conforme a algunas de sus decisiones- podría eventualmente perder competencia. Los hechos por los cuales se procesa al expresidente no guardan relación íntima o estrecha con el cargo o la función”, señala Óscar Sierra, abogado penalista.
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El abogado Francisco Bernate opina en el mismo sentido: “Dado que el exsenador Uribe está siendo investigado por el presunto delito de soborno a testigos y fraude procesal, pues se trata de hechos que no tienen que ver con la función parlamentaria”.
Para el exmagistrado José Gregorio Hernández, sin embargo, el tema no es tan claro.
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“La Constitución señala que el fuero solo se mantendrá respecto de aquellas conductas punibles que guarden relación con las funciones que cumple el congresista, así que en cada caso concreto debe definir el punto la Corte Suprema de Justicia que habrá de ver cuál es esa relación funcional”, dice.
El exfiscal Guillermo Mendoza va más allá y sostiene que, si el caso pasa a manos de la Fiscalía, habría un cambio profundo, pues se tendría que surtir el procedimiento habitual de justicia ordinaria: un juez decidiría de nuevo la situación jurídica del expresidente.
Una vez la defensa del expresidente Álvaro Uribe notifique la decisión de renuncia a la Corte Suprema, será la misma sala de instrucción del alto tribunal la que decida la competencia del caso.
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