El caso del expresidente Álvaro Uribe pasó a la Fiscalía General y ahora la pregunta es cómo afectará esta decisión de la Corte Suprema la situación del líder del Centro Democrático.
En los próximos días, la Corte remitirá seis mil páginas y 25 mil audios con sus anexos al ente investigador. Este último deberá designar un fiscal para continuar el expediente y la suerte judicial de Uribe Vélez.
Uno de los asuntos cruciales aquí es la posible libertad del exmandatario. Si bien él está detenido legalmente, con la pérdida de competencia de la Corte Suprema, es el fiscal del caso quien deberá resolver si se cumplen los requisitos para solicitar ante un juez de garantías una medida de aseguramiento.
Sin embargo, nadie podría hacer eso sin antes haber leído el expediente. Por lo tanto, hay un vacío que, para muchos, debe favorecer al procesado; en consecuencia, darle su libertad.
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Ahora bien, si finalmente Álvaro Uribe resulta imputado, el fiscal tendría tres meses para acusarlo. Todo depende de la ruta jurídica que termine de decantarse en este expediente.
Una vez acusado, si es que lo acusan, vendría la etapa de juicio que, en teoría, debería durar menos de un año, pero que en muchos casos ha demorado de tres a cinco.
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Y si, en últimas, Uribe Vélez es condenado por un juez de conocimiento, puede apelar esa sentencia ante el Tribunal Superior de Bogotá y, en casación, ante la Corte Suprema de Justicia.
Todo es parte del terreno de la especulación, pues aún no es claro qué alcances tendrá la decisión del alto tribunal y cuál será estrategia jurídica de la defensa.
Para expertos como el exfiscal Guillermo Mendoza Diago, el proceso debe comenzar de cero.
"Yo diría que hay que empezar de cero, habría que empezar tomando como base la prueba que se practicó allá como evidencia para exhibírsela a un juez de control de garantías y empezar el proceso con una formulación de imputación. Si el fiscal que va a manejar el caso considera que debe hacer una formulación de imputación y eventualmente, si lo tiene a bien, solicitar una medida de aseguramiento”, dice Mendoza Diago.
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Otra de las discusiones jurídicas es frente a las pruebas que practicó la Corte contra Uribe. En este caso, el debate se centrará en cuáles serán válidas y cuáles tienen que repetirse.
El ente investigador seleccionará las que considere fundamentales y se las presentará al juez para que este las avale o no.
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Eso quiere decir que, una vez avaladas por el juez las versiones de los testigos, estos tendrían que volver a rendir su declaración en el juicio.
Otra prueba que seguramente será motivo de polémica es la de las interceptaciones al exmandatario, que para Uribe Vélez son ilegales.
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