Una ley mediante la cual se acorta el tiempo de sentencia de las madres de familia condenadas y que hoy están en las cárceles de Colombia fue sancionada por el presidente Gustavo Petro. Prevé que, por cada cinco horas de trabajo social, la pena se pueda reducir una semana.
La ley que sancionó en las últimas horas el presidente Gustavo Petro busca entregar beneficios jurídicos para las madres cabeza de familia que hayan sido condenadas por delitos menores. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, explica que, de las 17.000 reclusas que hay en las cárceles de Colombia, unas 5.000 podrán acortar su pena con la entrada en vigencia de la ley.
“Esta ley lo que permite es que esas mujeres, a cambio de la pena de prisión, cumplan funciones de obras de utilidad pública para redimir la pena. ¿Qué es una obra de utilidad pública?, obras que le sirven a la sociedad, limpiar un parque, acomodar los libros en una biblioteca, labores en un hospital”, indicó el ministro de Justicia.
Por estas tareas sociales, las madres de familia condenadas verán reducida su pena. “Esas actividades deben ser de por lo menos cinco horas a la semana, por cada cinco horas de trabajo de utilidad pública se redime una semana de privación de la libertad”, agregó el ministro Osuna.
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Los beneficios de esta ley están dirigidos a madres cabeza de familia que no hayan cometido delitos violentos. Es decir, que estén pagando condenas de máximo ocho años por delitos menores como hurto, microtráfico, estafa y abuso de confianza, entre otros.
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El presidente Gustavo Petro dijo que la ley les permite a estas madres recuperar su hogar.
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“Se puede empezar a construir la igualdad entre la mujer y el hombre si liberamos a la mujer de la cárcel. Cinco mil madres que van a encontrar a sus hijos, este es el proyecto de ley que yo voté siendo congresista”, expresó el presidente Gustavo Petro al momento de sancionar la ley.
Para entregar este beneficio jurídico a las madres cabeza de familia, la ley advierte que las mujeres condenadas deberán demostrar que no cometieron delitos que afectan la seguridad ciudadana.
En la norma quedó establecido que la pena sustitutiva será concedida por un juez de conocimiento al momento de imponer la pena o por un juez de ejecución de penas para aquellas mujeres que ya están cumpliendo la pena.
De acuerdo con un estudio realizado por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y el Ministerio de Justicia, en el año 2019 se identificó que el 58% de las mujeres privadas de la libertad por delitos de drogas son madres cabeza de hogar.