¿Qué sigue para Álvaro Uribe luego de que se negara la preclusión de su caso?

El Tribunal Superior de Bogotá tomó la decisión deno precluir el caso contra el expresidente Álvaro Uribe por los presuntos delitos de fraude procesal y manipulación de testigos . El futuro del proceso queda ahora en manos de la Fiscalía General de la Nación, que tendrá que decidir si lo llama a juicio o no.

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El caso contra el expresidente queda en manos de la Fiscalía General de la Nación porque ese ente tiene el poder de continuar o no con la investigación, misma que el magistrado Carlos Guzmán ha señalado que no precluye.

Así la situación, hay dos caminos posibles para este caso: deberá regresar a la Fiscalía, donde se asignará un nuevo fiscal que puede llamarlo a juicio o radicar el escrito de acusación en su contra por los delitos de soborno y fraude procesal.

Ese nuevo fiscal también podría solicitar una tercera preclusión a la investigación. En todos los escenarios, no se tiene contemplado un plazo definido para tomar una determinación.

En la decisión anunciada este viernes, 6 de octubre de 2023, que fue tomada de manera unánime por tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, se señala que no es viable la preclusión de ninguno de los delitos por la relevancia de los hechos ahí mencionados.

“De acuerdo con lo anterior, no se ha descartado que, como lo postuló el tribunal instructor, hubiese existido entonces un documento o promesa de alguna utilidad del testigo(Juan Guillermo) Monsalve Pineda para que declarara en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En consecuencia, con los medios de conocimiento recopilados hasta ahora por la Fiscalía, tal alternativa no se ha desvirtuado y con el nivel de conocimiento exigido por la jurisprudencia nacional para adoptar una decisión tan trascendental como la demandada por lo tanto, resulta inviable por ahora acceder a la petición demandada por la Fiscalía General de la Nación”, manifestó el magistrado Carlos Guzmán.

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El magistrado aseguró que, para este caso, la Fiscalía General de la Nación tenía la obligación de desplegar una mayor actividad investigativa y recaudar mayores pruebas que pudieran sustentar la solicitud que en ese momento hizo para cerrar el caso.

“La Fiscalía está en la obligación de establecer si existe viabilidad de recaudar otros elementos materiales probatorios y evidencia física para que pueda apartarse de las inseguridades que tiene frente al caso. Circunstancia para la cual no es suficiente mencionar simplemente que la investigación alcanzó su límite máximo en lo racional. En otras palabras, se exige que se demuestre que la Fiscalía no tiene ni está en posibilidad de obtener más elementos de convicción que despejen las dudas en ningún otro sentido”, concluyó.

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