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¿Qué norma de la paz total podría ser declarada inconstitucional?

La Corte Constitucional rechazó una ponencia de un magistrado que pedía declarar inconstitucional la paz total. Pese a lo anterior, esta iniciativa todavía tiene un largo camino que recorrer.

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El pasado jueves, 13 de julio de 2023, se conoció que la Corte Constitucional había rechazado por una amplia mayoría la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que pedía declarar inconstitucional la ley de paz total.

Pero hay una norma de esa ley que la tendrá más difícil en ese tribunal y es la que permite adelantar negociaciones con quienes suscribieron el acuerdo de paz en La Habana y después decidieron reincidir.

Problemas en el trámite y la expresa prohibición contenida en este acuerdo hace suponer que, probablemente, esa norma sí sea declarada inconstitucional por la Corte.

Es por eso que el cancillerÁlvaro Leyva ha insistido en que se investigue un posible entrampamiento a Jesús Santrich, pues ese podría ser un argumento para volverlos a sentar en la mesa de diálogos.

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¿Qué sigue para la paz total?

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Aunque la Corte Constitucional  se abstuvo de emitir un fallo sobre la Ley de la paz total por considerar que no llenaba los requisitos correspondientes, en la actualidad hay otras cinco demandas que cursan su proceso para ser estudiadas por el alto tribunal.

Esta abstención se dio porque "la sala concluyó que ninguno de los cargos formulados cumplía con los requisitos exigidos", por lo cual se declaró inhibida.

Los demandantes se mantienen firmes en sus peticiones sobre tumbar la norma. Entre ellos está el congresista José Jaime Uscátegui, quien expresó que "el trámite de la ley estuvo mal hecho", además de que "se cometieron vicios graves" en los que no se contó con el concepto "de política criminal, que era una exigencia legal obligatoria".

El estudio de la ley de la paz total tomará un nuevo rumbo, ya que la Corte Constitucional ordenó la realización de una audiencia pública para que todas las partes relacionadas puedan pronunciarse frente a la misma.

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"Me parece importante el establecer una fecha para una audiencia pública donde podamos profundizar los argumentos, en los insumos para que la Corte tome una determinación de por qué consideramos que esta ley de orden público vulnera principios de la carta política. No solamente son vicios de trámite", comentó Carlos Fernando Motoa, otro de los congresistas demandantes.

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