Ante la posibilidad de establecer algún tipo de negociación entre el gobierno entrante y los grupos armados ilegales en Colombia, es necesario diferenciar al ELN de los otros grupos ilegales.
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“En Colombia, el único grupo que tiene un estatus de beligerancia es el ELN , la salida ahí es una negociación de paz que contempla una negociación política, una serie de reformas y representación política de ese grupo", dijo Ariel Ávila, senador del Partido Alianza Verde.
Es decir, que con el Ejército de Liberación Nacional, que hoy tiene cerca de 3.900 integrantes entre milicias y hombres en armas, y que en redes sociales reiteró su voluntad de reanudar diálogos, el gobierno de Gustavo Petro puede reanudar negociaciones de paz y concertar acuerdos, que podrían ser similares a los pactados con la guerrilla de las FARC.
Sin embargo, para el caso del Clan del Golfo, que se calcula tiene 3.138 integrantes, Los Caparros, Los Rastrojos, Los Chotas, Los Mexicanos, grupos ilegales que habrían firmado la carta donde advierten la disposición de un cese el fuego y voluntad de diálogo, el camino sería diferente, explica el mismo congresista Ariel Ávila.
"Para grupos del narcotráfico, lo que queda es un sometimiento a la justicia, donde no hay negociación de paz, lo único es que estos grupos entregan verdad, recursos económicos y, a cambio, hay una pena más baja en cárcel", indicó.
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El Congreso ya trabaja en un proyecto de ley encaminado a ajustar las bases de un eventual sometimiento sobre la legislación existente.
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“Va a precisar las condiciones de beneficios, si hay un desmantelamiento de las organizaciones criminales, una entrega de rutas del narcotráfico, verdad y justicia, reparación para las víctimas, y desde ese punto de vista va a tener unas mejores condiciones para que se entreguen a la justicia estas personas", expresó Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico.
Pero ¿y qué pasaría con las solicitudes de extradición a Estados Unidos, por ejemplo, con algunos cabecillas del Clan del Golfo?
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"La extradición es un problema binacional en el caso de Estados Unidos y no se negocia, o no se trata en un proyecto de ley, tendrá que ser objeto de conversaciones entre el nuevo gobierno y el Gobierno de Estados Unidos a la luz de la política contra el narcotráfico", anotó Cepeda.
Y es que la búsqueda de la paz total por parte del gobierno entrante plantea retos jurídicos y diplomáticos que aún generan más preguntas que respuestas.