Proyecto de ley de sometimiento contempla penas de 8 años para quienes se acojan, según minjusticia

Se conocieron algunos puntos de la ley de sometimiento a la justicia de los grupos armados que no tienen estatus político, que sería presentada este miércoles, 15 de febrero de 2023, al Congreso de la República. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó que se contemplan penas de ocho años para quienes se acojan.

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“Esa cifra de ocho años sale de la vieja ley de justicia y paz con la que se sometió ya hace como 20 años a unos paramilitares a la ley. Entonces, digamos que la sociedad colombiana ya aceptó que unas personas que habían cometido unos delitos muy graves, que tenían unas penas muy graves, se les bajó a ocho años. En el proyecto de ley, en el borrador que tenemos este momento, sí estamos pensando en un número que ronda por ahí por esa misma cifra”, explicó Osuna.

El proyecto llevaría el nombre de Ley de sujeción y desmantelamiento con garantías de no repetición. Su base principal será el código de procedimiento penal. Otro de los puntos que se conocen es que se ha establecido un procedimiento de entrega de bienes con verificación para que estos no vayan solo a la reparación de las víctimas, sino también para la restauración de tejido social.

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Al parecer, el proyecto de ley de sometimiento sería presentado con mensaje de urgencia ante el Congreso y los ponentes serían los congresistas Alirio Uribe y Ariel Ávila, quienes han acompañado todo el proceso de elaboración del proyecto.

Asimismo, el ministro Néstor Osuna también reveló que el Gobierno ya está evaluando trasladar la Policía al Ministerio de Justicia.

De acuerdo con el presidente Gustavo Petro, "se trata de un acogimiento a la justicia que puede presentar caminos, salidas, para que las cosas no tengan que llegar hasta el exterminio puro, sino que pueda ser una salida pacífica si se quiere, si hay voluntad de hacerlo".

Cabe recordar que el mandatario ha insistido en impulsar una "paz total", con la que busca negociar con los grupos al margen de la ley que todavía delinquen en el país y lograr un acuerdo como el que se alcanzó en su momento con las extintas FARC, que incluya algún tipo de acuerdo jurídico o de sometimiento a la justicia.