Actualmente, solo faltan dos firmas, las del presidente Gustavo Petro y el comisionado de Paz, Otty Patiño, para que se establezcan nuevas reglas en el proceso de paz total en Colombia y el diálogo con grupos criminales. Según un informe previo, también analizado por el Diario El Espectador, este nuevo marco se dividirá en dos categorías: grupos que tendrán un proceso de paz con un carácter político, como el ELN, y grupos que se someterán a la justicia, como el Clan del Golfo y el Tren de Aragua.
Ya se conocía la ley 2272, que mencionaba el marco jurídico para estos nuevos diálogos
El senador Ariel Ávila detalló en Noticias Caracol en vivo que “hace un par de años se prorrogó la ley de Orden Público, conocida como la 2272 en el gobierno de Petro, que abrió los caminos para negociaciones de paz y procesos de sometimiento. La Corte Constitucional, el año pasado, confirmó la viabilidad de esta ley pero condicionó al Gobierno a crear un marco jurídico específico para los procesos de sometimiento”.
Explicó que el alto tribunal "condicionó al Gobierno a que en el caso de las segundas negociaciones con grupos criminales, que son de sometimiento a la justicia, debía crearse un marco jurídico. Con este decreto el Gobierno toma una decisión y es que ese marco jurídico va al final de los procesos de sometimiento, no al principio".
Ávila indicó que el nuevo decreto reglamenta la creación de zonas de ubicación temporal para estos procesos, similar a lo que se hizo con las FARC en el pasado. Sin embargo, subrayó que “en la ley 2272 se estableció la prohibición de zonas urbanas para estos procesos. La pregunta es si el Gobierno encontrará una forma de cumplir con esta ley, probablemente ubicando estas zonas en guarniciones militares o a las afueras de las ciudades”.
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Agregó que, “como está claramente prohibido por ley, las zonas urbanas no pueden ser utilizadas para estos procesos, lo que complicará las negociaciones con grupos que operan en ciudades”.
Este decreto aborda dos temas importantes
El decreto también introduce la figura de gestores o promotores de paz, que serán supervisados por el Consejo de Paz. Este aspecto tiene implicaciones importantes, ya que la figura de “zona de ubicación temporal” se aplicará, por ejemplo, en el caso de los Chota, los Espartanos y otros grupos criminales operantes en áreas urbanas. “Este aspecto del decreto es muy interesante porque establece un marco para la ubicación de estos grupos en zonas que, aunque no sean urbanas, deben ser definidas cuidadosamente para cumplir con la ley”, comentó Ávila.
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Gestores o Promotores de Paz: Se restablece la figura de gestores o promotores de paz, quienes podrán recibir una boleta si el Gobierno así lo decide. Estos gestores serán supervisados por el Inpec y el Consejo de Paz.
Zona de Ubicación Temporal: Esta medida es relevante especialmente para grupos que operan en ciudades, como Los Chota, Los Espartanos y el Tren de Aragua. La inclusión de esta figura abre la puerta a la posibilidad de realizar negociaciones y sometimientos en áreas urbanas, lo que podría facilitar el proceso de paz con estos grupos que tienen presencia en ciudades.
Ávila también discutió la posibilidad de que los grupos armados acepten someterse a la justicia bajo las nuevas condiciones. “El objeto de este decreto es enviar mensajes claros por parte del Gobierno. Grupos más pequeños y acorralados podrían aceptar someterse, pero será difícil que grupos grandes como el Clan del Golfo entren en este proceso sin un marco jurídico claro”.
En conclusión, el decreto busca abrir la puerta a negociaciones con estructuras criminales que operan en ciudades, pero, como señaló Ávila, “se requerirá un marco jurídico adicional para formalizar estos procesos. El Gobierno está estableciendo los espacios jurídicos necesarios para facilitar las conversaciones, pero la creación de un marco jurídico definitivo será indispensable para el éxito de estas negociaciones”.
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