Por medio de un comunicado, la Procuraduría responsabilizó a la administración de Fernando Carrillo de que se archivara el proceso por corrupción en el Ejército Nacional , adscritos al Comando Conjunto de Inteligencia (CCONI) y a la Regional de Inteligencia Militar Estratégica (RIMEC) por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos pertenecientes a la cuenta de “gastos reservados”.
En el documento, el Ministerio Público, en cabeza de Margarita Cabello , explica por qué se tomó la determinación.
“Deficiente gestión de la anterior administración obliga a la Procuraduría a archivar indagación contra miembros de las fuerzas militares, por manejo de gastos reservados”, señala.
Asimismo, anota que el “archivo se produce por términos más que vencidos, la falta de recaudo oportuno de pruebas pertinentes, lo cual impide establecer en este momento que las irregularidades que originaron su apertura, efectivamente, fueron cometidas”.
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La Procuraduría emitió el documento tras el anuncio en Noticias Caracol, el pasado 18 de junio, de un informe que iba a emitir sobre proceso por corrupción en el Ejército Nacional, archivado por decisión de la procuraduría de Margarita Cabello, donde se habla de chuzadas y espionaje, entre otros.
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El comunicado fue emitido a través del chat de la oficina de prensa el domingo 20, pero, con fecha del lunes 21 de junio, día en que el informe sobre corrupción en el Ejército salió al aire.
La Unidad Investigativa de Noticias Caracol se comunicó con la Procuraduría el pasado 10 de junio y, a través de la jefe de prensa de esa entidad, solicitó una entrevista con la procuradora general, Margarita Cabello. Sin embargo, después de esperar dos semanas, el noticiero no obtuvo respuesta alguna.
Frente a los señalamientos sobre el proceso por corrupción en el Ejército Nacional, el exprocurador Fernando Carrillo respondió también a través de un comunicado.
“No es cierto por tanto, como se afirma en el comunicado de la procuradora Cabello, que existan grandes falencias investigativas encontradas por su administración y que la única decisión jurídica procedente fuera el archivo de la actuación”, indicó.
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Afirmó, además, que “con las mismas pruebas se había decretado anteriormente el inicio de juicio disciplinario en el asunto”.