La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el canciller Álvaro Leyva y contra el secretario general del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez, por las presuntas irregularidades que hubo en la suspensión del proceso de licitación de pasaportes.
El Ministerio Público, a través de un comunicado, indicó “que la decisión de los funcionarios de declarar desierto el proceso de licitación público para la expedición del documento, al parecer, habría vulnerado varios de los pilares de la contratación estatal, con lo que pudieron incurrir en falta disciplinaria”.
Álvaro Leyva Durán y José Antonio Salazar Ramírez “pudieron vulnerar los principios de transparencia, economía y responsabilidad”, agregó la entidad.
La Procuraduría General “solicitó la práctica de pruebas y buscará determinar la ocurrencia de la conducta para establecer si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.
Horas antes del anuncio de esta investigación, la Cancillería de Colombia dio a conocer que abrirá una nueva licitación para el suministro del pasaporte.
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“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, cumpliendo la política de transparencia y pluralidad del Gobierno nacional en materia contractual, informa que el fondo rotatorio del ministerio se propone contratar directamente y de inmediato el suministro, la formalización, la custodia y la distribución de libretas de pasaportes y etiquetas de visas a precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste”, señaló en un comunicado.
"El contrato será celebrado en forma directa y dentro del marco legal de la urgencia manifiesta declarada mediante la Resolución Ministerial N° 7541 del 14 de septiembre de 2023. Igualmente, se anuncia que por haber sido declarada desierta la licitación pública, se procederá de inmediato a la apertura de un nuevo proceso licitatorio", agregó.
Por su parte, la Contraloría General le pidió a la Cancillería informar qué acciones se tomaron para evitar cualquier tipo de demanda de los oferentes de la licitación pasada y la no interrupción de estos pasaportes.
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Y es que el próximo 2 de octubre se vence el contrato con Thomas Greg & Sons, empresa que actualmente se encarga de la expedición de pasaportes en el país.
"El contrato vigente culmina, no es un tema de falta de deseo o voluntad, es que no hay amparo y respaldo legal para que se sigan produciendo los pasaportes", expresó en su momento Juan Pablo Estrada, abogado de la firma.
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