La procuradora general de la Nación, Margarita Cabello, manifestó su inconformidad frente a la actuación que ha tenido en Ministerio de Igualdad y Equidad en Colombia a dos años de su creación.
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¿Qué dijo la procuradora sobre el Ministerio de Igualdad?
Durante el foro Mujeres que marcan pauta en el país y abren caminos, la procuradora Margarita Cabello Blanco, quien en 2023 indicó que la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad era constitucional, criticó la gestión que ha tenido esta entidad al mando de la vicepresidenta Francia Márquez.
"Yo me alcancé a entusiasmar, si íbamos a poder unificar todo. Lleva dos años y no veo nada", expresó la funcionaria, quien señaló que en la actualidad hay muchos organismos en pro de la mujer, pero todos están desarticulados.
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El Congreso también tiene la lupa sobre el Ministerio de Igualdad, debido a una supuesta baja ejecución del presupuesto aprobado para el 2024.
Esto ha causado fricciones, especialmente con la ministra Francia Márquez, quien tras ser llamada a la Comisión Primera de la Cámara para responder por el presupuesto de la entidad, emitió una controversial respuesta ante la entrega tardía de un cuestionario que se le había solicitado.
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"Se envió la respuesta al cuestionario, que rebotó. Dos veces lo mandamos, rebotó, eso ya no es problema mío, ni del ministerio", expresó Márquez en el recinto.
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¿Qué hace el Ministerio de Igualdad en Colombia?
El Ministerio de Igualdad y Equidad nació como parte de una propuesta de la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, Francia Márquez, para trabajar por el cierre de brechas de inequidad en el país.
Esta funcionaria ocupó por primera vez el cargo de ministra de Igualdad y Equidad en Colombia.
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La ley 2281 de 2023 especifica que este ministerio tiene como uno de sus objetivos el hacer políticas, planes, programas, estrategias, proyectos y medidas para contribuir en la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales. Además, debe impulsar el goce del derecho a la igualdad y defender a los sujetos de especial protección constitucional.