El canciller encargado Luis Gilberto Murillo insistió este martes, 5 de marzo de 2024, en que el Gobierno no firmará el contrato de pasaportes
con Thomas Greg & Sons.
En medio de la polémica por la concesión del contrato de pasaportes, el canciller Luis Gilberto Murillo dijo en el Congreso que se mantiene en su decisión de no entregárselo a Thomas Greg & Sons y ponerle fin a una situación que, dice, le ha hecho mucho daño a la Cancillería.
Además, el funcionario también señaló que están en proceso de elevar consultas sobre este tema a entidades como la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, concepto que en el pasado ignoró la Cancillería; a Colombia Compra Eficiente, y a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, para tener una posición unificada, como Gobierno, que, según él, no ha ocurrido en meses pasados.
El canciller Luis Gilberto Murillo afirmó que tras las decisiones de estas consultas se van a sentar con todos los interesados en obtener el contrato de pasaportes, incluyendo Thomas Greg & Sons.
“Vamos a sentarnos con los interesados, con los que sienten que se les pudo haber afectado un derecho, para discutir estos temas. Ahora, también vamos a sentarnos con otras empresas que se sienten afectadas, porque no se operó el principio de la objetividad”, subrayó Murillo.
De la misma forma, entregó un parte de tranquilidad a los ciudadanos, pues dice que hay un margen de 7 meses de producción de pasaportes para solucionar el tema de la licitación.
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El canciller encargado Luis Gilberto Murillo se refirió, además, a la adjudicación que el hoy exsecretario de la Cancillería hizo a Thomas Greg & Sons, señalando que se trató de un proceso anómalo, irregular y de abuso de confianza.
“Yo no le temo a resolver problemas por difíciles que sean. Aquí no estamos haciendo ningún cálculo de ninguna naturaleza, simplemente resolver un caso que es vergonzoso para la Cancillería y que tenemos que superar porque afecta la imagen de la Cancillería”, aseguró.
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Sin embargo, expertos en jurisprudencia que han estado en la Procuraduría al frente de estos casos consideran que el Gobierno está en la obligación de cumplir con la firma de este contrato ya adjudicado y que Murillo podría estar incurriendo en una falta gravísima.
“El ministro debe suscribir el contrato, no puede sustraerse el cumplimiento de ese deber. Si llegara a desconocerlo, es decir, a no cumplir con esa obligación, ello le podría acarrear nuevos procesos disciplinarios por faltas gravísimas”, explicó Juan Carlos Novoa, exprocurador delegado.
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