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Presidente Petro solicita a la Fiscalía investigar a su hermano Juan Fernando y a su hijo Nicolás

Esto tras rumores sobre supuestos contactos no autorizados con grupos al margen de la ley. “Confío en que mi hermano y mi hijo puedan demostrar su inocencia, pero respetaré las conclusiones a las que llegue la justicia”, dijo el presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro, Juan Fernando Petro y Nicolás Petro

El presidente Gustavo Petro le solicitó al fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, investigar a su hermano Juan Fernando Petro y su hijo mayor Nicolás Petro Burgos, quien actualmente es diputado en el departamento del Atlántico, tras rumores de contactos no autorizados con grupos al margen de la ley en el marco de la paz total.

En una carta publicada este jueves, el jefe de Estado reiteró que “el único funcionario que cuenta con el aval de Gobierno para tener contacto con las organizaciones al margen de la ley, con el objetivo único de la búsqueda de la paz, es el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda".

Asimismo, Petro señaló que tiene un compromiso con los colombianos y su gobierno “no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos”.

"Mi gobierno no otorgará beneficios a criminales a cambio de sobornos. Al contrario, nos encontramos en la construcción de los mecanismos legales para que estas agrupaciones se acojan a la justicia, reparen a las víctimas y cesen la violencia en las ciudades y demás territorios. La protección de la vida es una prioridad", enfatizó.

Aunque en el documento el presidente Gustavo Petro aseguró que “confío en que mi hermano y mi hijo puedan demostrar su inocencia", fue enfático en señala que "respetaré las conclusiones a las que llegue la justicia”.

En el marco de la llamada paz total, una de las principales banderas del gobierno Petro, el comisionado Danilo Rueda ha establecido contacto con organizaciones al margen de la ley en busca de eventuales negociaciones que permitan frenar la violencia que golpea varias regiones de Colombia y que afecta duramente a la población civil. En medio de ese contexto, sin embargo, han surgido voces críticas como la del propio fiscal Francisco Barbosa, quien advierte que hay casos en los que, por la naturaleza y gravedad de los crímenes, no es viable entregar beneficios tales como el levantamiento de órdenes de captura.

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