El presidente Gustavo Petro reaccionó a un informe conjunto presentado por la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y los representantes de la Mesa Nacional de Víctimas, en el que se señala que “los recursos destinados a la Política Pública de Víctimas continúan siendo insuficientes para la asistencia, atención y reparación integral de las 9.737.008 de víctimas registradas”.
“Los cálculos realizados estiman que se requieren $303,9 billones constantes de 2024 para cumplir con las medidas de asistencia, atención y reparación integral contempladas en la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas) entre 2024 y 2031. Dentro de los recursos requeridos para la asistencia, atención y reparación integral de la población víctima, se destacan: vivienda con $118 billones, indemnización individual y colectiva con $83,6 billones, generación de ingresos con $36,8 billones, subsistencia mínima con $12,9 billones y educación superior con $7,1 billones”, precisa el texto.
“Tienen razón”: Petro
El presidente Petro reaccionó a este informe en el que, señaló, “dicen que la reparación de las víctimas costaría 334 billones de pesos y que el programa está retrasado. Tienen razón”.
“Con 2 billones de pesos anuales invertidos en reparar víctimas nos demoraríamos 150 años en repararlas. Esta es una de las grandes hipocresías nacionales”, añadió.
Procuraduría, contraloría y defensoría dicen que la reparación de las víctimas costaría 334 billones de pesos y que el programa esta retrasado.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) August 28, 2024
Tienen razón.
Con 2 billones de pesos anuales invertidos en reparar víctimas nos demoraríamos 150 años en repararlas
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“La reparación de las víctimas en Colombia no se puede realizar si no se utilizan otros instrumentos del Estado, que es el responsable de la indemnización, diferentes al presupuesto nacional. Para reparar las víctimas en el corto plazo, en el plazo de sus vidas, es necesario emitir dinero por parte del Banco de la República”, propuesta que, según el mandatario, había hecho “alguna vez”.
“El cupo de emisión anual que realiza el Banco de la República debería, en efectivo o bonos, dirigirse en primera instancia al largo listado de las víctimas de la violencia en Colombia. Esto significa que por un tiempo, de 10 a 15 años, el señoriaje de la Emisión pasaría del sector financiero a las víctimas de la violencia, un hecho que tiene ejemplos en otros lugares del mundo y que es el propio en un país que ha vivido 75 años bajo la violencia”, explicó el mandatario.
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