Hay molestia y alarma entre las asociaciones de medios de comunicación por una propuesta que se incluyó en el estatuto anticorrupción que abiertamente va en contra de la libertad de expresión.
El texto dice: “El que mediante injuria o calumnia debidamente comprobada pretenda atacar u obstruir las funciones constitucionales y legales de algún funcionario público, denunciando hechos falsos sobre él o sobre su familia, incurrirá en prisión de 60 a 120 meses y multa de 13,33 a 1.500 salarios mínimos, sin que sea procedente algún beneficio o subrogado penal”.
Lo que no se entiende es por qué quieren meter en el estatuto anticorrupción los delitos de injuria y calumnia que ya están en el Código Penal. Y, además, darles un beneficio a los funcionarios públicos y a sus familias.
La proposición tiene el aval del Gobierno y fue firmada por Mauricio Gómez, Guillermo García, Ana María Castañeda, Miriam Paredes, Efraín Cepeda y Fabian Castillo.
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