Hay una duda jurídica sobre las decisiones que ha tomado en los últimos días el canciller Álvaro Leyva, quien, a pesar de haber sido suspendido provisionalmente el pasado 24 de enero por la Procuraduría debido a aparentes irregularidades en el proceso de licitación para los pasaportes,
sigue despachando y ejerciendo funciones.
Entre otras, el canciller Álvaro Leyva le respondió cuestionarios al Congreso de la República y llamó a consultas al embajador de Colombia en Argentina.
Por esto, muchos se preguntan si esas decisiones tienen un respaldo jurídico cuando está activa una suspensión por parte de la Procuraduría. Aunque tanto desde la Cancillería como desde el Ministerio Público hay distintas interpretaciones, un experto entrega algunas luces sobre el caso.
Pedro Alfonso Hernández, profesor de Función Pública y Derecho Disciplinario de la Universidad Externado, afirmó que “en la administración pública hay una regla que es que las decisiones las toman las autoridades competentes; en efecto, la Procuraduría dispone la suspensión provisional, le pide al presidente de la República que acate la decisión de la suspensión provisional, por lo tanto, mientras el presidente (Petro) no disponga o acate la decisión de la Procuraduría, el ministro permanece en el cargo y las decisiones que tome preservan plena validez como en estado de normalidad”.