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A la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, la citó a un debate de control político el senador Carlos Fernando Motoa, también del Valle y del Partido Cambio Radical, para hacerle preguntas sobre la situación de orden público en su departamento.
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La gobernadora no fue y lo hizo con un argumento central: los departamentos y sus gobernadores gozan de "autonomía territorial y descentralización administrativa" para responder solamente ante instancias locales, como la Asamblea, y no ante el Congreso de la República.
La mandataria, incluso, dijo que "claro que puede ir a hablar, como invitada, de lo que pasa en el Valle y de lo que está haciendo su despacho", pero lo que no pueden es obligarla a asistir para someterla a un debate en el Congreso.
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El asunto llegó a la Corte Constitucional, en donde la gobernadora elevó una consulta para que ese alto tribunal defina la competencia que tiene o no la Comisión Primera del Senado para citarla a debate de control político.
La gobernadora mandó una carta a la comisión, en la que no solo se excusó por no asistir, sino que también respondió el cuestionario sobre el orden público del Valle del Cauca y lo que está haciendo para enfrentar la violencia en la región.
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A lo que no le jala la gobernadora es a ir a comparecer a ese debate ante el senador citante, que es un reconocido contradictor político de Toro.
Hay expectativa por lo que diga la Corte Constitucional frente a este asunto, porque, si confirma que el Congreso no está facultado para citar a gobernadores y alcaldes a debates, los blinda, porque siempre tienen disputas y rencillas políticas con congresistas que se las quieren cobrar en el Capitolio.
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