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La iniciativa de once artículos, que algunos dicen busca censurar, es del Partido de la U, pero su ponente es el senador de Cambio Radical Antonio Zabaraín.
El proyecto plantea "regular las condiciones básicas para garantizar la protección de la honra y el buen nombre de los ciudadanos", que se puedan ver afectados por publicaciones en redes sociales.
Establece que todas las denuncias hechas por usuarios en redes sociales deben llegar en un plazo de 72 horas al Ministerio de las TIC, para que allí se establezca, de ser el caso, una sanción a los proveedores que incumplan con las medidas correctivas.
Añade el proyecto que “en los casos en donde la víctima de publicaciones difamatorias (...) se encuentre en estado de indefensión por la naturaleza anónima de la publicación (...) el proveedor de servicios y herramientas deberá proceder a interrumpir la publicación del contenido denunciado de manera inmediata”.
Luisa Fernanda Isaza, coordinadora de defensa y periodismo de FLIP, afirma que la iniciativa es inconstitucional porque contradice sentencias de la Corte que garantizan y defienden la libertad de expresión.
La ponencia del proyecto fue radicada en diciembre y se debatiría en marzo.
Se estima que 29 millones de colombianos son usuarios de las redes sociales.
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