A la negativa de la Fiscalía General de la Nación de levantar las órdenes de captura
contra 18 cabecillas del Clan del Golfo ahora se suman las declaraciones del director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, quien dijo que no se está actuando contra los grupos que hacen parte del proceso de la paz total determinado por el gobierno.
Los decretos firmados por el presidente Gustavo Petro “establecen no acciones ofensivas, es decir operativos militares o policiales de ir a buscarlos en sus zonas campamentarias, pero frente a la presencia de ellos en sitios donde haya procedimientos de policía o haya orden de captura vigente, serán objeto de captura”, explicó el alto oficial.
En otras palabras, las cabezas visibles del Clan del Golfo, por quienes se ha ofrecido una millonaria recompensa, no serán perseguidas por la justicia.
Pero otra cosa dijo el fiscal general, Francisco Barbosa, quien expresó que no se pueden levantar las órdenes de captura porque la ley no permite ese procedimiento con grupos que no tienen estatus político.
De forma distinta piensa el senador Iván Cepeda, autor de la ley de paz total, quien aseguró que “el artículo octavo, parágrafo segundo de la ley 2272 del año pasado, precisamente da el sustento a esa decisión, así que es incomprensible esta obstinación del fiscal al no querer proceder de acuerdo a la ley”.
Expertos opinan sobre la paz total
Ellos consideran que la controversia jurídica radica en la falta de claridad y una hoja de ruta por parte del Gobierno nacional.
“Es decir, ¿en dónde se suspenden las operaciones? En todo el territorio nacional, en unos departamentos, contra qué tipo de acciones… De otra manera genera muchos sectores de la opinión la idea de que el Estado está en cierta medida entrando en una especie de parálisis de sus funciones y eso no es bueno para la sociedad”, expresa Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional.
En la misma línea opina Jorge Restrepo, director del Cerac, quien considera que “eso debe hacerse con método, con seguridad jurídica para todas las partes y sobre todo sin buscar beneficiar a una organización criminal sobre otra y lograr muy rápidamente, no solamente el sometimiento a la justicia, sino el desarme de estas organizaciones criminales”.
Mientras la polémica continúa y se aclaran los límites de la llamada paz total, lo cierto es que en los territorios las comunidades reclaman acciones coherentes de desescalonamiento de la violencia del Clan del Golfo, un grupo criminal con 3.300 integrantes, con presencia en 22 departamentos y responsable de la violencia actual en Chocó y el Bajo Cauca antioqueño.
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