La ley estatutaria de educación ha generado diferentes posiciones dentro del sector educativo. En las últimas horas se conoció una carta firmada por 200 líderes entre exministros, rectores y empresarios pidiendo respetar la enmienda a la que se había llegado en la Comisión Primera del Senado.
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Ocho páginas tiene la carta dirigida al Congreso y al Gobierno nacional. En dos de ellas, los líderes del sector educativo enmarcan en tres puntos los principales riesgos de aprobar la ley estatutaria de educación tal y como lo planteó el Gobierno en su ponencia.
La autonomía universitaria estaría siendo desconocida para los 200 firmantes.
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Rolando Roncancio, rector de la Universidad de La Sabana, opinó: “Imponiendo sistemas de gobierno como democracias directas u otros que irrespetan la diversidad de las instituciones y la esencia de autonomía”.
Sobre la conformación del sistema de educación, piden una estructura con condiciones óptimas para ambos sectores, oficial y privado.
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“Minimiza el rol de las instituciones de educación privadas, tanto en básica y media como en educación superior y de educación terciaria”, manifestó Gloria Bernal, directora del Laboratorio de Economía de la Educación en la Universidad Javeriana.
Y en medio de esas garantías, también piden fortalecer la calidad educativa que reciben los niños y jóvenes. Así lo manifestó en Noticias Caracol Ahora Esteban Piedrahita, rector de la Universidad Icesi.
“El problema en Colombia no es si el colegio es privado o público, o si la universidad es privada o pública, el problema es la calidad de la educación que se da en toda la cadena”, explicó Piedrahita.
Ellos ven con mucha preocupación que el Gobierno haya dejado a un lado esa opción para poner en marcha proyectos que les permita a los jóvenes desarrollar habilidades después de salir del bachillerato.
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“La invitación que nosotros hemos hecho es que abandonemos ese concepto clásico tradicional de la educación superior universitaria y abrámonos a otros conceptos como la educación terciaria o posmedia”, dijo Edna Bonilla, exsecretaria de educación de Bogotá.
Pero no solo es la propuesta sino la garantía de recursos económicos para poder cumplirle al país.
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“¿Cuánto le costaría eso al país? Incluimos niños de 0 a los 21 años que no están cubiertos por el sistema educativo y nos dio que eso costaría a 2025, por un año, 41 billones de pesos garantizar el derecho fundamental”, complementó Gloria Bernal.
Para los académicos, la enmienda lograda entre el Gobierno, la oposición y los independientes recogía el balance perfecto para que el sistema educativo pudiera garantizar mejores condiciones.
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