Petro declara estado de conmoción interior en Colombia: ¿qué es esta figura?

El estado de conmoción interior es una herramienta constitucional que permite al Gobierno colombiano tomar medidas extraordinarias en situaciones de grave perturbación del orden público. Esta medida, contemplada en el artículo 213 de la Constitución Política de 1991, otorga al presidente de la República facultades especiales para expedir decretos con fuerza de ley y suspender leyes incompatibles con el estado de conmoción. La finalidad es estabilizar la seguridad del Estado y proteger la convivencia ciudadana.

La declaración de un estado de conmoción interior requiere la firma de todos los ministros y debe ser justificada ante el Congreso de la República dentro de los tres días siguientes a su proclamación. Esta medida puede ser decretada por un máximo de 90 días, con la posibilidad de prorrogarse dos veces más, cada una por 90 días adicionales, aunque la segunda prórroga necesita la aprobación del Congreso, según se expone en la Ley 137 de 1994 artículo 40.

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En la tarde de este lunes, 20 de enero de 2025, el presidente Gustavo Petro decretó el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica. Aún no ha salido oficialmente el decreto, por ende se desconoce si aplicará solo para la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, o en todo el país.

El analista político Gabriel Cifuentes explicó en Noticias Caracol en vivo : “No hay un precedente en la Constitución, desde que se expidió la Constitución, que se declaren ambos estados de emergencia. Es que el presidente está hablando de la conmoción interior y de la emergencia económica, que son dos estados excepcionales, uno regido por el artículo 213, otro por el 215 que tienen términos, causales y condiciones muy distintos. Nunca, en la historia reciente de Colombia, un presidente había señalado que convocaría ambos estados de excepción”.

¿Cuándo se puede declarar el estado de conmoción interior?

El estado de conmoción interior puede ser declarado en situaciones donde exista una grave perturbación del orden público que amenace de manera inminente la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana. Las situaciones deben ser de tal magnitud que no puedan ser controladas mediante las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía.

Una vez declarado el estado de conmoción interior, el gobierno puede expedir decretos legislativos que tienen fuerza de ley sin necesidad de pasar por el Congreso. Estos decretos deben ser enviados a la Corte Constitucional para su revisión, garantizando así que no se vulneren los derechos fundamentales ni se excedan las facultades otorgadas por la Constitución. Durante el tiempo que dure la medida, el Gobierno debe actuar con transparencia y rendir cuentas al Congreso y a la ciudadanía sobre las acciones tomadas. Además, es fundamental que las medidas adoptadas sean proporcionales a la gravedad de la situación y se enfoquen en restablecer el orden y la seguridad lo más pronto posible.

Cifuentes explicó “el estado de conmoción interior es una facultad excepcional que prevé el artículo 213 de la Constitución y que le otorga al presidente de la República, por un tiempo determinado (90 días prorrogables por hasta dos veces) la posibilidad de tomar, a través de decretos -que en todo caso serían objeto de revisión constitucional- medidas extraordinarias, toda vez que una circunstancia particular, ajena al desarrollo normal de los acontecimientos, así lo exija, para preservar el orden económico o, en este caso, el orden público y la seguridad nacional”.

Problemas recientes en el Catatumbo, Norte de Santander

En los últimos días, la región del Catatumbo ha enfrentado una grave crisis de orden público. Los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC han dejado un saldo trágico de más de 30 muertos y numerosos heridos. La violencia ha obligado a muchas familias a abandonar sus hogares, generando un desplazamiento masivo y una situación humanitaria crítica.

La situación en el Catatumbo es tan grave que incluso se ha suspendido temporalmente el diálogo de paz con el ELN debido a la falta de voluntad de esta guerrilla para cesar las hostilidades.

Impacto y controversias del estado de conmoción interior

El uso del estado de conmoción interior ha sido objeto de debate y controversia en Colombia. Si bien es una herramienta necesaria para enfrentar situaciones extremas, su implementación debe ser cuidadosamente monitoreada para evitar abusos de poder y garantizar que se respeten los derechos humanos.

En el pasado, la declaración de estados de conmoción interior ha permitido al gobierno tomar medidas drásticas para controlar situaciones de violencia y desorden. Sin embargo, también ha generado críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad que consideran que estas medidas pueden ser utilizadas para restringir libertades y perpetuar el poder del ejecutivo.

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Casos históricos de conmoción interior en Colombia

A lo largo de la historia reciente de Colombia, el estado de conmoción interior ha sido decretado en varias ocasiones. Un ejemplo notable fue durante la presidencia de César Gaviria en 1992, cuando se declaró la conmoción interior para enfrentar la violencia generada por los carteles de la droga. En ese entonces, el gobierno implementó medidas severas para combatir el narcotráfico y restablecer el orden público.

Menos de un año después de la expedición de la Constitución, el estado de conmoción interior se repitió en 1992, 1994, 1995 (en dos ocasiones), 2002 y 2008, sumando un total de siete decretos, según una investigación publicada por la revista de la Universidad Externado de Colombia.

Un caso particularmente significativo ocurrió en 2002, bajo la presidencia de Álvaro Uribe, cuando se decretó la conmoción interior para enfrentar la amenaza de las guerrillas y los grupos paramilitares. Durante ese período, se adoptaron medidas de seguridad que permitieron al gobierno actuar con mayor rapidez y eficacia contra los grupos armados ilegales.