Paloma Valencia sobre fallo que tumba al Ministerio de Igualdad: "Era pura burocracia"

Tras el anuncio de la Corte Constitucional que declaró “inexequible la ley 2281 de 2023, por medio de la cual se crea el Ministerio de Igualdad y Equidad”, por vicios de trámite en su formación, la senadora Paloma Valencia se pronunció apoyando la decisión del alto tribunal.

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La congresista se alegró con la decisión del alto tribunal. "La Corte Constitucional acaba de fallar mi demanda contra el Ministerio de la Igualdad y ganamos la demanda”, aseguró.

Para la senadora, este ministerio “era pura burocracia”. Valencia habló de cifras que se invirtieron en esta cartera del Gobierno.

“Un billón trescientos mil millones, de los cuales 900.000 millones eran para puestos para repartir y apenas 400.000 millones para la inversión que se necesita para los colombianos”, aseguró la también abogada.

Además, Paloma Valencia criticó la ejecución que hasta ahora ha tenido el Ministerio de Igualdad. “Una vergüenza, todo lo que llevan tratando de implementar solo han logrado un 1,6% de ejecución del presupuesto”, sostuvo.

La parlamentaria también se refirió a la gestión del Gobierno nacional en el estudio previo a la creación de este ministerio: “El Gobierno nunca mostró un estudio de impacto ambiental sobre este proyecto".

Y agregó que “este precedente muestra que todas las reformas del Gobierno están heridas de muerte porque están haciendo política irresponsable, simplemente apoyando proyectos sin saber ni siquiera cuánto valen”.

Paloma Valencia concluyó con una referencia de lo que para ella es el proceso que permite llegar a la igualdad en Colombia.

“La igualdad se consigue construyendo lo que los colombianos necesitan y no dándoles burocracia a los amigos”, concluyó.

¿La decisión tiene efecto inmediato?

La decisión que tumba la creación del Ministerio de Igualdad no se aplicará de manera inmediata, pues la Corte Constitucional "encontró que declarar la inexequibilidad con efectos inmediatos implicaría la eliminación del sector administrativo de Igualdad y Equidad y, naturalmente, del ministerio que lo encabeza".

"En criterio de la Sala Plena, esto causaría una desarticulación institucional que afectaría la implementación de la política pública que ha sido diseñada por el Legislador y el Ejecutivo para garantizar los derechos de sujetos de especial protección constitucional, tales como las madres cabeza de familia y las personas en situación de discapacidad. Lo anterior, podría, a su vez, comprometer la vigencia del principio de igualdad y, en concreto, el mandato previsto en el artículo 13.3 de la Carta Política”, precisó.

Para evitar esos efectos adversos y “con el objeto de conciliar los intereses y principios constitucionales en tensión y salvaguardar el principio de igualdad, la Sala Plena resolvió diferir los efectos de esta decisión por el término de dos legislaturas".

Es decir, el alto tribunal detalló que, "una vez culmine la legislatura 2025-2026, la ley 2281 de 2023 dejará de producir efectos definitivamente y no formará parte del ordenamiento jurídico”.

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