El Pacto Histórico
puso sobre la mesa los desafíos legislativos que tendrá a partir del segundo semestre de 2023. Entre las propuestas para la próxima legislatura hay algunas que generaron opiniones divididas.
El Pacto Histórico espera sacar adelante la reforma laboral, que volverá a ser llevada a trámite el 20 de julio. Sobre este proyecto se conoció que será presentado el texto que se logró concertar con los partidos políticos y coordinadores ponentes.
Lo segundo es la recomposición de la coalición de gobierno. Se llevarán a cabo reuniones a puerta cerrada con el presidente Gustavo Petro. Durante esos encuentras se determinará si efectivamente van a negociar con las cabezas de los partidos o uno por uno de los congresistas.
Además, se conoció que el Pacto Histórico propondría un proyecto de ley que puede generar opiniones divididas. Se trata de una iniciativa que buscaría amnistías o indultos a las personas que están condenadas con delitos relacionados al narcotráfico y secuestro y vayan a participar en procesos de paz.
“Para facilitar los procesos de paz. Tenemos obstáculos constitucionales que impiden que haya amnistías o indultos por delitos como secuestro o asociados al narcotráfico. Hay que quitar ese palo en la rueda para avanzar en la paz con el ELN y demás grupos armados”, sostuvo Alirio Uribe, representante a la Cámara por el Pacto Histórico.
Lo que también señala el Pacto Histórico es que los congresistas deben cumplir con la agenda legislativa, que los debates deben salir a flote o hundirse por las proposiciones y argumentos, no por la falta de quórum.
Reforma a la salud
Avanzan en Cartagena los foros farmacéuticos y de salud en los que el eje temático es la reforma a la salud
que es impulsada por el Gobierno nacional. Algunos de los asistentes consideran que el sistema en Colombia requiere cambios estructurales.
Más de un millón de reclamos por inconformismo en el sistema son, para el superintendente de Salud, Ulay Beltrán, una de las razones que amerita una reforma.
“Esa criticidad no se soluciona con medidas estéticas, cosméticas o paliativas. Hay que hacer una profunda reforma que permita garantizar que el sistema reivindique el derecho a la salud a las personas y no tenga la prioridad que en este momento tiene, que es el negocio de la salud”, aseguró el superintendente.
Las quejas de los usuarios contra los prestadores de salud suman un promedio de 3.900 diarias, mientras que también se cuestiona el desempeño de algunos aseguradores y entes territoriales.
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