Olmedo López dice que ministro de Hacienda le pidió comprar congresistas

De Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, hasta hoy se habían conocido solo anuncios de lo que estaba dispuesto a contar a la justicia sobre el escándalo de corrupción en la entidad.

>>>Olmedo López afirma que funcionarios del Gobierno le ordenaron dar contratos al ELN

Sin embargo, Noticias Caracol revela de manera exclusiva el primer cara a cara que se conoce de este hombre con investigadores de la Corte Suprema de Justicia.

En esa diligencia, a la que tuvo acceso completo Noticias Caracol, Olmedo López contó en detalle cómo se orquestó y cómo se puso a andar el complejo entramado para dar contratos de la UNGRD a congresistas, a cambio de sus votos a favor de los proyectos del gobierno Petro.

En el cara a cara, Olmedo López revela datos concretos de reuniones en Presidencia de la República, en el Ministerio de Hacienda y en su oficina, en las que, según él, recibió órdenes de altos funcionarios del Gobierno para amañar y entregar contratos a dedo a congresistas de diferentes regiones de Colombia.

¿Qué dijo Olmedo López?

Olmedo López, el exfuncionario de más alto nivel procesado por el escándalo de corrupción que sacude al gobierno de Gustavo Petro, reveló ante la Corte Suprema la estrategia para pagar congresistas con contratos de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres por más de 90.000 millones de pesos.

“Es una cadena que va de lo más alto, desde la orden de un ministro, hasta pasar por las manos del alcalde e inclusive hasta el nombre del contratista que iba a ejecutar la obra”, dijo López el 25 de junio de 2024.

López fue director de la UNGRD durante un año, tiempo en el cual asegura haber recibido la orden de direccionar esos millonarios contratos por parte de uno de los funcionarios más importantes del Gobierno: el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

“Entregas de contratos dirigidos a cambio de lograr el propósito en la comisión. Que el ministro saque adelante su proyecto de ley o el tema de interés que corresponda a su cartera. Pero es a congresistas, no a ciudadanos”, indicó.

Según López, los votos en el Congreso pretendían ser pagados con esos contratos que surtieron todos los trámites previos, pero no se alcanzaron a firmar porque estalló el escándalo de corrupción.

“Es revisar cuántos congresistas faltan para lograr las mayorías en una comisión y acordar con esos congresistas entregar unos contratos dirigidos para municipios específicos con intermediarios en los municipios o contratistas, a cambio de que esos congresistas voten en esa comisión. En las mayorías que faltaban”, contó.

López explica que en esa estrategia de comprar políticos por parte del Gobierno incluso presionaron a los propios congresistas del Pacto Histórico.

“Y voy más allá: el reporte de uno de los negociadores con esos congresistas, de cuáles congresistas del Pacto Histórico no estaban yendo o no estaban votando para que les cerráramos las puertas y no los volviéramos a atender. Y también hace parte de los soportes que están en la Fiscalía General de la Nación del mensaje dirigido. Estos son los nombres de los que no llegaron a votar. Estos son los del Pacto. Y la orden expresa, ocho días antes, les vamos a mandar una relación para que no los atiendan más. Pero también sí para que, en otra reunión, los contratos dirigidos para lograr esas mayorías, votos de congresistas, no de ciudadanos”, manifestó.

Las órdenes fueron impartidas en un "cónclave", según Olmedo López

Estas órdenes, según su versión, fueron impartidas en una reunión que denominó como cónclave y se llevó a cabo el 27 de noviembre de 2023.

“Yo asimilo el cónclave con el humo blanco, el de la Iglesia católica, donde se reúnen y toman una decisión. Se reúnen varios, el cónclave son varios altos funcionarios del Gobierno, entre ellos un ministro, reunidos en un acuerdo prestablecido de ellos en donde tomaron la decisión de que votos en el Congreso, de congresistas, se conseguían a cambio de contratos y beneficios dirigidos para conseguir o leyes, cambios en ellas, o temas de interés de un ministro específico en su cartera. Ese es el que yo llamo cónclave. Y donde no fue una reunión, fueron varias reuniones”, señaló López, a quien luego le preguntan si asisten ministros y responde que “dirigen ministros” y, cuando le consultan si el presidente asiste, asegura que “no”.

Según Olmedo López, el cónclave se realizó en la Casa de Nariño y contó con la asistencia de varios altos funcionarios del Gobierno. La lista está siendo verificada por la Fiscalía y la Corte Suprema, a través de los registros de ingresos al Palacio y la ubicación de las celdas de los celulares.

“Allá en el Legislativo está la fecha inclusive en que asistimos a esas reuniones porque no me hablaron a mí solo. Otros ministros estaban en esa reunión y era el cónclave. No fue uno, no fue un ministro dando órdenes, fueron varios ministros dando órdenes”, sostuvo.

Entre los asistentes estarían el exministro del Interior Luis Fernando Velasco; Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia y hoy director de Inteligencia, y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.

Este último es el eje de la colaboración de Olmedo López. Para la fecha en que se llevó a cabo el llamado cónclave, el ministro de Hacienda había dado el visto bueno a la aprobación en el Congreso de una adición presupuestal para la Unidad de Gestión del Riesgo por 208.000 millones de pesos.

“Nace de un entramado porque, antes de esa reunión con el ministro, él mismo había hecho llegar y había direccionado una cifra importante al presupuesto de la entidad. Todo inició con la llegada de ese presupuesto”, afirmó.

La adición presupuestal fue aprobada el 10 de julio de 2023, tres meses antes de las elecciones regionales. Aunque el proyecto de ley inicial fue de autoría de su antecesor en la cartera de Hacienda, José Antonio Ocampo, el texto presentado al Congreso no incluía ninguna adición para esta entidad.

La adición de los 208.000 millones fue incluida y aprobada en el segundo debate en junio del 2023, para cuando Bonilla había asumido las riendas del ministerio de Hacienda.

La propuesta fue presentada por el senador liberal de Antioquia Juan Diego Echavarría y respaldada por 20 congresistas, entre los cuales hay varios nombres que hoy están en la lupa de la corte por presunta corrupción en la UNGRD. Entre ellos están Liliana Esther Bitar, Wadith Manzur y Juan Pablo Gallo.

>>>¿A quiénes salpicó Olmedo López en su declaración ante la Corte Suprema?

¿Qué dice el ministro Bonilla?

El ministro Bonilla ha negado cualquier participación en el escándalo. Sin embargo, el trámite requiere el visto bueno del funcionario y en las actas se lee que las modificaciones contaron con su “previo aval”.

“El ministro Bonilla ha acogido favorablemente muchas de nuestras propuestas y ha expresado su disponibilidad de apoyar la presentación de un pliego que modifica en su totalidad el proyecto inicialmente presentado”, dice en los documentos.

Pero, según la versión de Olmedo López, la participación del ministro Bonilla fue mucho más allá.

“Las reuniones de las que yo estuve son del 2023 y son posteriores a la fecha en que llegó el presupuesto dirigido a la entidad”, dijo López.

Magistrado: ¿es posible saber cuándo ocurrieron esas reuniones?
López: 27 de noviembre, 15 de diciembre, 2023. Lugar: la primera, Palacio de Nariño.

Anotó que la del 15 de diciembre fue “cerca al Palacio de Nariño, a un pasito del Palacio de Nariño… en la oficina de un ministro”.

Olmedo López asegura que hubo una segunda reunión que se llevó a cabo el 15 de diciembre en el Ministerio de Hacienda. A esta habrían asistido el ministro Ricardo Bonilla y su asesora María Alejandra Benavides, quien tiene entre sus funciones servir de enlace con el Congreso y era una visitante frecuente de la Unidad de Gestión del Riesgo. Entre julio y octubre ingresó 16 veces a reuniones con el exsubdirector de Gestión de Desastres, Sneyder Pinilla.

La supuesta reunión en el Ministerio de Hacienda -que está siendo verificada por la corte y por la Fiscalía- habría tenido como propósito que Olmedo López cumpliera con la entrega de tres contratos que suman 92.000 millones de pesos.

“Fue un ministro, su enlace con el Congreso de la República, una congresista, plasmando en un documento los nombres de los colegas que se beneficiarían con contratos cercanos a 92.000 millones de pesos. Cifra que ya me había compartido el ministro. Y fue en esa reunión con el ministro, con su asistente, y un periodo después en mi oficina con una congresista preguntando por los mismos contratos, por los mismos montos. En un hecho donde el ministro, cuando tuve agenda con él, manifestó directamente de qué se trataba y por qué había que entregar esos contratos. El ministro en su despacho me habló de 92.000 y me dio los mismos municipios”, indicó.

Esta misma petición, según su versión, fue ratificada un mes después por una congresista durante una reunión en la Unidad de Gestión del Riesgo. La congresista a la que se refiere es Karen Manrique, representante de Arauca, elegida por la circunscripción especial de paz.

El registro de ingresos a la entidad confirma que Manrique estuvo en la UNGRD ocho veces entre septiembre de 2023 y febrero de 2024. Después del cónclave en la Casa de Nariño, la congresista entró en tres oportunidades.

El 14 de diciembre se reunió con Sneyder Pinilla y el 22 de enero y el 7 de febrero de 2024 se reunió con Olmedo López.

“Una de las congresistas llega a mi oficina tiempo después a preguntarme y a impulsar los contratos por ellos. No solamente me dice ‘viene a nombre de’ y, entre los nombres que menciona, me menciona el representante Manzur. Yo lo que hago es que le extiendo mi libreta y le digo ‘escríbame ahí de qué se trata’”, aseveró.

¿Cómo se distribuían los contratos?

Según López, los contratos se distribuirían de la siguiente manera:

• El primer contrato sería en el Carmen de Bolívar por 11.700 millones de pesos
• El segundo, por 34.000 millones de pesos en Saravena, Arauca.
• Y el tercero, por 46.000 millones de pesos en el municipio de Cotorra, en Córdoba.

Olmedo López asegura que hay seis congresistas que se verían beneficiados con la entrega a dedo de los tres contratos.

“En esa libreta de apuntes, escrita por la congresista, están los municipios para donde efectivamente el ministro tiempo atrás había direccionado los contratos, los montos de esos contratos para cada municipio. Y hace la relación de los congresistas que hacen parte de ese acuerdo con el ministro. Contratos que relacionan los alcaldes, los funcionarios de las alcaldías o el contratista que va a manejar el contrato de ese municipio. En el documento de la congresista, con su puño y letra, con su mano, aparecen los seis nombres de los congresistas que a nombre de quién iba a preguntar ella por los contratos en ese acuerdo que habían hecho con el ministro”, expresó.

En la diligencia, Olmedo López estuvo cara a cara con el representante Wadith Manzur, quien está siendo investigado por este tribunal. El exdirector de la UNGRD explicó por qué el nombre del congresista aparece en la matriz de colaboración.

“Fue el ministro en su despacho quien determina y me da el nombre del representante Manzur como el encargado de los enlaces con los demás congresistas”, reveló.

Manzur: ¿Por qué, si yo era el encargado del enlace de los demás congresistas, por qué se reúne con la otra congresista?
Olmedo: Esos son los temas que precisamente hacen parte del principio de oportunidad.

En otro aparte de la declaración, Olmedo López explica que la orden era no reunirse con Manzur y que el contacto se hacía a través de otros intermediarios.

 “Los resultados electorales no solamente de este hecho que tiene que ver con el doctor Manzur, de quien tengo que decir: no me reuní con él, pero tengo que decir me dieron otro tipo de órdenes que, cuando hable de los detalles, van entender cómo fue la orden y por qué no me reuní con él. Porque fue una de las órdenes, no reunión. Cumpla lo que está aquí y su contacto es esta otra persona que se entenderá con él”, aseguró.

Por estos hechos, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema en contra de los siguientes congresistas:

• Liliana Bitar
• Julián Peinado
• Juan Diego Muñoz
• Karen Manrique
• Wadith Manzur
• Juan Pablo Gallo

Durante la diligencia, López mostró el carné del M-19 que ha portado durante 32 años. También mostró que tiene en su celular fotos de su libreta, la cual guarda escondida por razones de seguridad y que contiene la lista de ministros, congresistas, alcaldes y contratistas beneficiados con el robo de la UNGRD. Por cuenta de esto, no duda en afirmar que incluso compañeros suyos lo quieren asesinar.

 “Compañeros, o quienes fueran compañeros en Antioquia, no envían uno, sino varios mensajes. ¿Qué tiene Olmedo guardado que no es de él? Sí, es mío, es mi libreta. Que lo están buscando y la orden: ‘dígale a Olmedo que la orden está dada, lo van a matar’”, apuntó.

Vea aquí el informe completo de Noticias Caracol:

>>>¿Qué responden los funcionarios del Gobierno salpicados por Olmedo López?