Francisco Barbosa hizo serios cuestionamientos al proyecto de ley de sometimiento a la justicia que el gobierno radicó ante el Congreso de la República. “Yo quiero decirlo con mucha claridad, yo como fiscal general no voy a dejar que pase esa norma”, subrayó.
Dijo que la iniciativa disfraza un indulto para narcotraficantes y que hará parte de la discusión en el Legislativo para que la norma no se apruebe como fue radicada.
Barbosa sostuvo que leyó la ley de sometimiento en la que, aseveró, no tuvieron en cuenta sus más graves advertencias.
“¿Cómo así que la oficina del alto comisionado para la Paz o el alto comisionado para la Paz tiene u obliga dentro del proyecto a la Fiscalía a entregarle toda la información judicial, expedientes, indagaciones, todo en el marco del acercamiento que él está haciendo? ¿Dónde quedó la separación de poderes? Quiero recordarle al Gobierno nacional que el fiscal general hace parte de la rama judicial del poder público, subalterno del Ejecutivo no soy”, recalcó el fiscal general.
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Para el funcionario, la ley de sometimiento maquilla la intención de otorgar un indulto a quienes no tienen estatus político. Por ello, reiteró su postura: no se pueden dar beneficios excesivos a quienes se someten a la justicia ni medirlos con el mismo racero aplicado en un proceso de paz.
Según él, el documento radicado en el Congreso tiene “la idea de tratar de mostrar que el concierto para delinquir agravado es un mecanismo que va a tener una suerte de indulto a través del principio de oportunidad en Colombia, es decir, buscar que la gente salga de las cárceles como una especie de proceso de paz de La Habana, pero dentro de un proceso de sometimiento”.
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Con el articulado en mano, el fiscal cuestionó lo que califica como afán del gobierno y pidió que se retire el mensaje de urgencia.
“Lo que hoy el país requiere es que haya claridad, no que haya rapidez. Hoy buscamos que existan certezas, no que existan incertidumbres. Hoy buscamos que Colombia sea un país que respete la institucionalidad, no que la pierda”, expresó.
El fiscal general también buscará que se modifique el porcentaje que se podrán quedar en bienes quienes se sometan a la justicia, que quedó establecido en el 6%, traducido en casi 10 mil salarios mínimos.
“Es decir, 2,8 millones de dólares usted se embolsa por meterse en la paz total”, criticó Barbosa.
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“Repito, el hecho de que pongan en el artículo una expresión de que esos bienes son susceptibles de ir a las víctimas, pues me parece que no garantiza absolutamente nada. Es una redacción completamente difícil, farragosa, complicada, que no se entiende”, consideró.
Asimismo, el fiscal Barbosa cree que el proyecto de ley de sometimiento no tiene la firme intención de reparar a las víctimas y que el gobierno les falta al respeto al proponer un modelo de reparación colectiva.
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“Hombre, les estamos diciendo a cientos de colombianos que les han violado los derechos en todo sentido, que ahora los van a meter en una bolsa colectiva y no les van a reparar individualmente si tienen muchos recursos. Más bien hagan reparaciones individuales, ¿por qué no aplican los conceptos de justicia y paz?”, cuestionó.
Barbosa agregó que las denuncias que ha presentado el comisionado de Paz, Danilo Rueda, sobre presuntos ofrecimientos de abogados a narcos para darles beneficios judiciales a nombre del gobierno, no tienen suficiente fundamento ni material probatorio. No obstante, la Fiscalía avanza en esas investigaciones.