El gobierno de Gustavo Petro radicó en el Congreso el proyecto de ley que fijaría las bases de la paz total para negociar con grupos criminales. Uno de los puntos que ya levantó ampolla es el de las regiones en lugares históricamente golpeados por la violencia. Inicialmente se contemplan nueve: la zona de frontera con énfasis en Arauca, el Bajo Cauca antioqueño, el Catatumbo, el sur de Bolívar, Chocó, Nariño, un área entre Meta y Guaviare, Putumayo y Cauca.
Según el senador Iván Cepeda, arquitecto de esta iniciativa, lo que se busca es “que en territorios donde es especialmente álgido el conflicto armado, las autoridades locales puedan tener la posibilidad de buscar acuerdos humanitarios. Que no se ataquen los puestos de salud, las escuelas, que haya la posibilidad de que la población esté a salvo cuando se produzcan enfrentamientos entre los distintos grupos, eso se les debe permitir a los alcaldes”.
Recalcó que “no se trata de ninguna zona de despeje, sino de poder avanzar en medidas humanitarias con respecto al conflicto armado”.
¿Qué otros puntos contempla el proyecto de la paz total?
La ley 418 es una norma que se renueva cada 4 años, pero que el gobierno Petro tramita con un enfoque diferente.
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“La política de paz será prioritaria en los asuntos de Estado, transversal a estos e integral, tanto en lo referente a la implementación de acuerdos, como con relación a procesos de negociación, diálogo y acogimiento a la justicia”, reza el documento radicado ante el Congreso.
Abre la puerta al acercamiento, diálogo y negociación con grupos armados organizados sin carácter político como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y Los Caparros, entre otros, con el fin de “obtener soluciones al conflicto armado, lograr la efectiva aplicación del derecho internacional humanitario, el respeto de los derechos humanos, el cese de hostilidades o su disminución”, indica el texto.
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Las personas para conversar con estos grupos serán designadas por el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y el presidente Gustavo Petro, y se creará la figura de comisionados de paz regionales. Por parte de los actores delincuenciales hablará un miembro representante designado por esa agrupación, bien sea uno de ellos o un civil.
Según el proyecto, los acercamientos se realizarán en zonas llamadas regiones de paz, lugares históricamente golpeados por la violencia.
El municipio y vereda puntual será acordado entre los voceros y será una ubicación temporal para los miembros del grupo armado. Y lo que pasa en esas zonas en materia de tratamiento especial es uno de los puntos más cuestionados del proyecto, que señala:
En las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición contra estos y los demás miembros del grupo organizado al margen de la ley, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia las mismas
Frente a este punto, Iván Cepeda fue claro en decir que las autoridades locales “no pueden adelantar ningún proceso de negociación, ni crear mesas de diálogo, ni establecer procesos que terminen en acuerdos de paz. Simplemente pueden avanzar para que haya respeto del derecho internacional humanitario, cuyas normas son muy claras: los combatientes pueden respetar en toda circunstancia a la población civil y los no combatientes. Sobre eso sí pueden desarrollar alguna acción las autoridades locales”.
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Reiteró que “esas regiones no van a tener ninguna clase de despeje militar o van a ser objeto de negociación de paz. Son regiones que están en una situación especialmente difícil porque allí la confrontación militar es supremamente álgida”
Otro punto del proyecto es el que crea el gabinete de paz y que ordena a cada ministro fijar sus tareas y objetivos concretos sobre esta política. El presidente Gustavo Petro citará constantemente al consejo de ministros para evaluar los avances puntuales en esta materia.
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Finalmente, sugiere una alternativa al servicio militar obligatorio para que los jóvenes puedan escoger prestar el servicio social para la paz, el cual tendría una duración de 12 meses con remuneración y con enfoque especial en labores como alfabetización digital en zonas rurales, trabajo con víctimas del conflicto, labores para la implementación del acuerdo de paz y la preservación del medio ambiente.
La iniciativa señala que todo esto se ejecutará con recursos del fondo de programas especiales para la paz, que será creado y supervisado por el comisionado de Paz si el Congreso da visto bueno.
El senador Cepeda dijo que “la semana entrante probablemente vamos a presentar el proyecto de acogimiento a la justicia en el cual van a quedar claramente establecidas cuáles son las condiciones que deben cumplir los grupos para poder adelantar procesos de acogimiento y sometimiento a la justicia”.
Agregó que “es imperativo que, como lo ha dicho el presidente Petro, se produzca un cese multilateral de fuegos y de hostilidades”.
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“Colombia no tiene hoy otra salida, frente a la complejidad que ha adquirido el conflicto armado y a violencia no puede haber una política de paz débil”, dijo.
Frente a ese aspecto, el exnegociador de paz con las FARC y senador, Humberto de la Calle, manifestó que “ojalá tuviéramos ese cese del fuego multilateral, pero es un desafío enorme”.
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Para él, “una cosa era negociar con una guerrilla, en particular con las FARC, que era una agrupación con una institucionalidad vertical, prácticamente un ejército vertical. Estos grupos son más heterogéneos, a veces contratan la comisión de delitos con otras agrupaciones más pequeñas. Son llamados de atención para no cometer equivocaciones”.
Respecto al proyecto de paz total, De la Calle consideró que “proponerlo es útil, necesario, audaz (…) pero bajo el lema de no tragar entero y mirar cuáles pueden ser las consecuencias”.
Entre las voces que están en contra de la iniciativa de la paz total están la del general (r) Gustavo Rincón Rivera, exinspector general del Ejército, quien cree que “van a fracasar porque es darle tiempo y espacio a los narcoterroristas para que se armen. (…) El gobierno no debe dar estas concesiones, debe de poner las reglas y las reglas son imponer la justicia”.
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