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Noticias Caracol conoció los documentos que hacen parte del dossier de pruebas que presentarán los congresistas León Fredy Muñoz y Katherine Miranda ante la plenaria de la Cámara de Representantes en la moción de censura en contra de la ministra Karen Abudinen.
“Estamos viendo una red de corrupción, una red de personas que entregan empresas para limpiar un poco los nombres, cambian los objetivos de estas empresas, pero estamos viendo las mismas personas”, comentó Miranda.
¿Quiénes serían las cabezas de Centros Poblados?
Novotic, que tiene el 35% de Centros Poblados, es una empresa fundada por Juan Carlos Cáceres Bayona, es la única de la unión temporal que presentó la experiencia requerida para participar en la licitación. Si bien Cáceres Bayona renunció a la representación legal de la empresa a mediados de 2020, lo cierto es que está sigue siendo de su propiedad, pues, según un documento, aún hace parte de la junta de Novotic.
Cáceres Bayona, además, sería accionista de Nuovo Security, empresa a la que Centro Poblados giró $58 mil millones para la adquisición de equipos.
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Otra empresa es ICM Ingenieros, que también tiene el 35% de participación en la Unión Temporal, y se dedica al sector de la construcción. Al parecer, esta empresa sería de Emilio Tapia, condenado por el carrusel de la contratación en Bogotá.
La prueba para los investigadores del caso sería un acta de la asamblea de accionistas de la compañía, donde se designó a Herles Ariza, quien en el pasado habría tenido negocios con Tapia, como representante legal. Renunció a su cargo, precisamente el mismo mes que se abrió la licitación de MinTic que ganó la unión temporal.
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“Álvaro Cruz tiene a su cuñado como representante legal de ICM. Recordemos que Álvaro Cruz (ES) bastante cuestionado y estuvo detenido por varios actos de corrupción dentro de su gobernación”, sostiene la congresista Miranda.
La lupa también está sobre Omega Buildings, donde es socio Jelim de Jesús Rebaje García, e Intec de la Costa, quienes entre el 14 y 22 de octubre de 2020 modificaron su objeto social para incluir la prestación del servicio de internet. Cada empresa tiene el 15% de la Unión Centro Poblados.
Sobre este escándalo, el presidente Iván Duque en las últimas horas señaló: “Eso ha sido denunciado por la ministra, el contrato ha sido caducado por la ministra, se han hecho los embargos por parte del Ministerio y por parte de la Contraloría que ya duplican del valor del monto que recibieron del anticipo. Entonces, la plata está protegida y lo que queremos es que esa maraña quede destapada”.
Del entramado también haría parte Jorge Alfonso Molina García-Mayorga, quien al parecer habría sido el encargado de conseguir las pólizas, junto con la empresa rave seguros.
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