El director del Instituto de Anticorrupción, Camilo Enciso, habló del escándalo en el que se ha visto envuelta la ministra de las TIC, Karen Abudinen, por los $70.000 millones de pesos de adelanto que su cartera le dio a la unión temporal Centros Poblados para garantizar la conectividad a más de 7 mil escuelas rurales y del que solo avanzó un 1,2%.
Enciso explicó cada una de las irregularidades que se registraron en la adjudicación de la licitación que, según la funcionaria Abudinen, iba a darle internet a 8.786 colegios en octubre.
Poca o nula experiencia del contratista Centros Poblados
El director del Instituto de Anticorrupción afirmó que “la ministra de las TIC, desde hace muchísimos meses, estaba advertida sobre los problemas que se podían desprender en caso de que contrataran a esa unión temporal”.
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“La W durante semanas estuvo denunciando que varios oferentes de ese proceso licitatorio no cumplían con las condiciones de idoneidad ni de experiencia para cumplir con ese contrato”, sostuvo, pues su campo de trabajo sería con carreteras.
Eso permitía deducir que Centros Poblados “no tenían experiencia concreta en este tipo de proyectos”, recalcó Enciso.
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“El riesgo de fracaso es enorme y a pesar de eso el Ministerio no tomó las medidas adecuadas para proteger el interés público”, dijo el funcionario.
Conflicto de intereses de funcionarios de MinTIC con Centros Poblados
Enciso manifestó que “se evidenciaba que algunos funcionarios públicos del Ministerio de las TIC tenían conflictos de intereses por sus relaciones con las compañías que estaban participando en la licitación”.
“Lo denunciaron varios medios de comunicación en su momento”, agregó.
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Grave incumplimiento contractual de Centros Poblados con MinTIC
Seis meses después de haberse firmado el contrato, el avance de la unión temporal en la conectividad de los colegios era del 1,2%.
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“A Claro se le hizo seguimiento, estaba avanzando a buen ritmo, con algunas dificultades, como cualquier proceso contractual, pero cuando se puso la lupa sobre la otra organización contratista se hizo evidente que no había avanzado en prácticamente nada de lo que tenía que cumplir”, dijo el director del Instituto Anticorrupción.
El contrato con Centros Poblados era por $1,07 billones, se le adelantaron $70.243 millones. ¿Qué pasó con esa plata?
“Una parte muy importante de ese dinero, unos 50 mil millones de pesos, fueron transferidos a una cuenta en Delaware, es plata que aparentemente ya no está en Colombia, y la recuperación de esos activos va a ser un verdadero dolor de cabeza”, reveló Enciso.
Sin embargo, lo más preocupante es que esa millonaria cifra, manifestó el funcionario, “lo autorizó el interventor del contrato sin haber verificado que se estuvieran cumpliendo las condiciones”.
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Además, dicho interventor “aparentemente tiene conflictos de intereses”.
Las pólizas que presentó el contratista Centros Poblados para ganarse la licitación son falsas
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Enciso cuestionó al Gobierno nacional y sus equipos de contratos, porque se esperaría que “tuvieran la debida diligencia para verificar la autenticidad de cada uno de los documentos que aportan los oferentes en estos contratos, que tuvieran la debida diligencia de llamar y verificar que esas pólizas en efecto cubrieran la ejecución de ese contrato de cualquier tipo de riesgo”.
Pero “solo cuando el Ministerio de las TIC, presionado por la opinión pública y el grave incumplimiento del contrato se ve en la necesidad de avanzar en la declaratoria de caducidad y en una audiencia se dan cuenta de que las pólizas son falsas”, afirmó.
El Banco Itaú, con quien presuntamente se firmaron esos documentos, “dice ‘eso no es conmigo, yo no he dado ninguna cobertura sobre ese contrato’. Significa que esos recursos están literalmente en el aire”, explicó Enciso.
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