Luis Alberto Monsalvo Gnecco, exgobernador del departamento del Cesar, fue acusado formalmente por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable de direccionar 23 contratos por 9.000 millones de pesos que tenían como propósito la compra de 73.500 mercados para personas vulnerables del departamento durante la pandemia del COVID-19.
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Durante la audiencia de acusación en contra del exgobernador Monsalvo Gnecco, el fiscal explicó que el exfuncionario público, “durante el trámite de los aludidos negocios jurídicos, participó de manera activa, entre otros, a través de la solicitud directa a los futuros oferentes para que participaran en los procesos de contratación. Así mismo, de manera clara, se imputó al aforado, también en cuanto al trámite, haber amañado los procesos contractuales para adjudicarlos a determinados oferentes mediante el establecimiento de criterios económicos que no se ajustaban a las condiciones objetivas del mercado”.
De acuerdo al ente investigador, el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó a Luis Alberto Monsalvo Gnecco por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia acusó a Monsalvo Gnecco por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Los elementos de prueba indican que habría omitido la función de ejercer supervisión,… pic.twitter.com/lrEZvGQao9
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) October 23, 2024
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Las pruebas contra Monsalvo Gnecco
La Fiscalía explicó que los elementos de prueba indican que “habría omitido la función de ejercer supervisión, control y vigilancia sobre los contratos celebrados, pues tendría conocimiento de que el valor de los kits alimentarios fue impuesto y estaba por encima de los costos del mercado, entre otras irregularidades”.
El fiscal añadió: “El reproche que hace la Fiscalía se centra en cuando a la función contractual estaba delegada a la secretaría general de la Gobernación, el gobernador no se separó, pues asumió comportamientos activos para la estructuración de los documentos precontractuales, en particular en referencia a los estudios de mercado, debiendo insistirse en que, tanto en el trámite como en la celebración se le reprocha no haber ejercido funciones de control y vigilancia que impidiera la materialización de las irregularidades que se presentaron”.
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